La reforma del sistema financiero marcará la legislatura
Los socialistas quieren endurecer el control y los populares prefieren una intervención selectiva.
Las elecciones del 7 de junio marcarán un antes y un después en la regulación financiera de la Unión Europea. Y no se trata de un punto de inflexión retórica. El nuevo Parlamento europeo deberá tramitar las reformas legales que la Comisión Europea se resistió a presentar la pasada legislatura.
Durante cinco años, el Parlamento saliente y, en particular, el grupo Socialista, reclamaron en vano a la Comisión de José Manuel Barroso que regulase los tramos de los mercados financieros más descontrolados.
La Comisión hizo caso omiso a esas peticiones. Hasta el punto de que el propio organismo comunitario sólo dedica una línea al sistema financiero en las 17 páginas de autobombo que publicó la semana pasada para ensalzar los supuestos "logros de la Comisión Barroso"..
El Parlamento europeo, en cambio, sitúa los servicios financieros como su máxima prioridad para el periodo 2009-2014, por delante de las políticas de medio ambiente, transporte, protección de los consumidores, salud o empleo.
De entrada, la nueva Eurocámara, en la que se augura un mayor equilibrio entre partidos conservadores y progresistas, deberá rematar las iniciativas legislativas que Barroso, acuciado por una crisis galopante, presentó a finales de la anterior legislatura.
La lista incluye desde la posible regulación de los hedge funds hasta recomendaciones sobre los salarios de los ejecutivos.
La tramitación no será fácil, porque el punto de partida son las propuestas elaboradas por el saliente comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, la "bestia liberal" del Partido Socialista Europeo (PSE). Para esa formación, los proyectos de McCreevy no son más que un nuevo intento gatopardiano de "cambiar algo para que no cambie nada".
"La directiva sobre hedge funds tiene más agujeros que un queso suizo", ha señalado Poul Nyrup Rasmussen, líder del Partido Socialista Europeo. Joseph Daul, presidente del grupo Popular, dio la bienvenida, en cambio, a las propuestas de la Comisión. "Quiero felicitar al presidente Barroso por esta iniciativa", señaló Daul. Y prometió que "el Parlamento se ocupará de ella lo más rápido posible".
El texto, como tantos otros, ha quedado, sin embargo, para la próxima legislatura. Y su tramitación, así como su posible endurecimiento o flexibilización, dependerá del escrutinio de las urnas en 27 países entre el 4 y el 7 de junio.
El Grupo Popular y el Liberal parecen decantarse por una intervención mucho menos profunda que el grupo Socialista. La ambición final del proyecto dependerá en gran parte de la composición del nuevo Parlamento.
La misma incertidumbre se cierne sobre el futuro esquema de supervisión financiera. Bruselas planteó la semana pasada la creación de tres Autoridades (para banca, seguros y mercados bursátiles) con derecho de veto sobre ciertas decisiones de los supervisores financieros nacionales. Y la creación de un Consejo europeo de evaluación de riesgos sistémicos del mercado financiero.
Después del verano, la Comisión espera presentar los proyectos legislativos concretos para determinar la configuración y poderes de esos cuatro órganos. El grupo socialista ya ha pedido a la Comisión que no ceda a las presiones de algunos países, con Reino Unido al frente, para limitar las competencias de esas autoridades.
La inquietud es compartida fuera de la Eurocámara por analistas como Karel Lannoo, director ejecutivo del CEPS (Centre for European Policy Studies). "La UE intenta acomodar las demandas de los países sin crear un sistema de supervisión verdaderamente integrado", lamenta Lannoo. Y advierte que el lento proceso de integración del mercado financiero europeo puede dar marcha atrás si no se apuesta por un órgano de supervisión supranacional. Falta por ver si el futuro Parlamento comparte ese objetivo.
La cámara que examinará al sucesor de Trichet
Entre las competencias económicas más sobresalientes del Parlamento Europeo figura su labor de control político sobre el Banco Central Europeo. La Eurocámara además, tiene que ser consultada para el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo de la autoridad monetaria, un órgano que durante la próxima legislatura será renovado casi por completo.El primero en salir, el próximo año, será el vicepresidente del BCE, Lucas Papademos. Y un año después, el propio presidente, Jean-Claude Trichet. La elección de sus sucesores desencadenará una previsible batalla política entre los socios de la zona euro para colocar al frente del BCE a alguno de sus especialistas (España no puede aspirar a ninguno de los dos cargos porque el mandato de José Manuel González Páramo no expira hasta 2012).Quienquiera que sea el elegido deberá pasar un "examen" ante los parlamentarios. Y una vez nombrados tendrán que comparecer trimestralmente ante e Parlamento para justificar las decisiones relativas a los tipos de interés. Esos encuentros han sido bastantes plácidos durante la presidencia de Trichet. Pero alcanzaron momentos tormentosos con su predecesor, Wim Duisenberg. El nuevo Parlamento es probable que renueve sus peticiones a favor de que el BCE publique las actas de las reuniones de su Consejo de Gobierno en las que decide el nivel de los tipos de interés.El BCE se niega por temor a que aumenten las presiones sobre los gobernadores de los bancos nacionales para que defiendan la política monetaria más acorde a los intereses de sus respectivos países y no a los globales de la zona euro.