La recesión como excusa para restringir libertades
Amnistía Internacional afirma que la crisis económica puede propiciar más violaciones de derechos humanos.
El combate contra la recesión económica puede convertirse en una excusa perfecta para aumentar las restricciones sobre los derechos humanos y las libertades civiles, mientras que la propia crisis amenaza con cebarse especialmente en las poblaciones de los países menos desarrollados. Así lo advirtió a finales del año pasado el Banco Mundial, cuando señaló que durante este año alrededor de 53 millones de personas podrían verse abocadas a la pobreza. Y así lo asegura también la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe de 2009 El estado de los derechos humanos en el mundo, que examina a 157 países, y cuya versión española fue presentada ayer en Madrid por Itziar Ruiz-Giménez y Eva Suárez-Llanos, presidenta y directora de la Sección Española de esta organización, respectivamente.
Según Suárez-Llanos, "con la crisis económica estamos ante el agravamimento de una crisis de derechos humanos que no es nueva y que se deriva de décadas de falta de cumplimiento y de fracasos de los gobiernos de todo el mundo". AI considera la pobreza como "la más grave crisis de derechos humanos en el mundo", con 963 millones de personas que pasan hambre, unos 1.000 millones que viven en asentamientos precarios y unos 1.300 millones que carecen de asistencia médica básica adecuada.
En su informe de este año la institución pone el foco en los países y regiones donde los derechos humanos son hoy más vulnerables y propone a los países ricos que inviertan en dignidad con la misma determinación que invierten en crecimiento económico. Durante la presentación del informe, Suárez-Llanos acusó a los líderes del G- 20 de centrarse en la economía mundial dejando a un lado los derechos humanos.
El informe destaca que países como Myanmar y Corea del Norte utilizaron el hambre como "arma política"
"Si en los últimos años hemos visto pisoteados el nombre de los derechos humanos en nombre de la seguridad, ahora los vemos pisoteados en nombre de la recuperación económica. Ignorar una crisis para concentrarse en otra es una receta perfecta para agravar las dos", argumentó. Por ello, hizo un llamamiento a los países más ricos para que "dediquen a los derechos humanos tanto esfuerzo como invierten en tratar de reactivar la economía".
De hecho, el informe indica que los países del G-20 provocaron el año pasado el 78% de las ejecuciones, en el 79% de estas naciones hubo casos de tortura y malos tratos (el 50% en todo el mundo), en el 74% se registraron detenciones injustificadas (57%) y en un 47% hubo juicios injustos (32%). El estudio asegura también que en 2008 se produjeron desalojos forzosos en 24 países y que la crisis económica está detrás del aumento del hambre por la drástica subida de los precios (países como Myanmar y Corea del Norte utilizaron el hambre como "arma política") y el incremento de medidas restrictivas para los inmigrantes. Así, las protestas contra los cada vez mayores precios de los alimentos y las dificultades económicas provocaron duras respuestas en muchos países, y varios manifestantes murieron en naciones como Túnez y Camerún, señala el informe.
AI considera que la xenofobia está en aumento en el mundo, y recordó los ataques a inmigrantes africanos en Sudáfrica el año pasado que causaron la muerte de al menos 56 personas. También critica los métodos "cada vez más drásticos" empleados por algunos países para limitar la inmigración, como España, Italia y otros estados de la Unión Europea, que han firmado acuerdos con naciones africanas para deportar a los inmigrantes o detenerlos. "Países como Mauritania han visto esos acuerdos como una licencia para realizar arrestos arbitrarios, llevar a cabo detenciones en condiciones infrahumanas y deportaciones sin ningún procedimiento legal de grandes cantidades de extranjeros de sus territorios", señala en el informe de 2009 la secretaria general de la organización, Irene Khan.
España, entre los 10 mayores exportadores de armas
España fue el año pasado el octavo país del mundo que más armas exportó a otras naciones, algunas de ellas autoras de violaciones de derechos humanos. Entre los países receptores hay que mencionar a Israel, Colombia, Marruecos y Pakistán, donde la población civil se encuentra "en una grave situación". Así lo afirmó ayer la presidenta de la Sección Española de AI, Itziar Ruiz-Giménez, quien también criticó "los malos tratos y las torturas frecuentes a manos de agentes del Estado".Ruiz-Giménez recordó en su intervención que ETA mató en 2008 a cuatro personas y cometió varios atentados con bombas, e indicó que España no respetó el principio de no devolución de personas a sus países de origen en el caso de que corran riesgo de malos tratos, como ocurrió con Basel Ghalyoun y con Murad Gasayev.La presidenta de AI España comentó que este país "sigue en la cola en la lucha contra el racismo" y mostró su "enorme preocupación" por el posible recorte que puede producirse en materia de asilo y extranjería con reformas legislativas aún en trámite parlamentario. "Los derechos de los inmigrantes no admiten rebajas por la crisis" dijo.