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Tribuna
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En defensa del capital riesgo

Desde hace meses el sector del capital riesgo europeo contempla cómo aumenta la presión política para incrementar la regulación y la supervisión de esta industria. Esta presión se ha concretado por el momento en dos informes del Parlamento Europeo y en un proyecto de directiva sobre inversiones alternativas.

En efecto, aunque parece cuanto menos difícil vincular el capital riesgo con las causas de la actual crisis, la idea de que un mayor control sobre el private equity y sus directivos podrá protegernos de posibles recesiones futuras goza de una gran popularidad en ciertos estamentos políticos y medios de comunicación. En posiciones más moderadas, si bien suele reconocerse el carácter positivo que tiene el capital riesgo en la economía, también vemos que se exige, sin embargo, una mayor transparencia a la industria y, lamentablemente, que se continúa considerando muchas veces al private equity y a los hedge funds un único sector.

En este contexto, a finales del año pasado varios representantes de fondos de capital riesgo, de asociaciones de entidades de capital riesgo, así como diversos asesores, crearon un grupo representativo de la industria que elaboró una propuesta de regulación sectorial en respuesta a los antedichos informes. Dicha propuesta fue entregada al Parlamento Europeo el 25 de febrero y propugnaba básicamente la unificación de los estándares profesionales utilizados en los Estados de la Unión, atribuyendo la supervisión de su cumplimiento a los correspondientes reguladores nacionales o europeos. Se trata de una medida que, de ser atendida, difícilmente modificaría la comparativamente rígida regulación española sobre entidades de capital riesgo, pero que sí podría suponer un incremento de regulación para los inversores de muchos otros países europeos.

Sin perjuicio de la anterior muestra de autorregulación, la Comisión continúa el proceso de promulgación de la antedicha directiva, proceso que posiblemente culminará durante los próximos meses.

Nadie parece cuestionar el importante papel del capital riesgo en el desarrollo de nuestra economía. No ha podido acreditarse, por otro lado, que los riesgos asumidos por los inversores en capital riesgo sean susceptibles, por su naturaleza, su magnitud, su dispersión o bajo cualquier otro criterio, de afectar de forma sustancial a los sistemas financieros (el denominado riesgo sistémico), ni tampoco que los niveles de endeudamiento alcanzados en ciertas operaciones de private equity (los conocidos LBO) deban merecer mayor reproche, en su caso, que los contraídos por el resto de operadores económicos que, imitando a la mayoría de la población, se han aprovechado de las extraordinarias facilidades crediticias de los últimos años. Cierto es sin embargo que, nos guste o no, en toda época de crisis la rápida identificación de los culpables constituye una demanda social recurrente. Probablemente sería ingenuo pretender que los poderes públicos ignorasen la antedicha demanda, pero sí podríamos exigirles que, en la medida de lo posible, evitasen designar como causantes de la crisis a aquellos sectores que pueden ayudarnos a superarla, contribuyendo a la recuperación.

Sergio Sánchez Solé. Socio de Garrigues

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