EDITORIAL

El comercio, víctima de la crisis y la norma

Los datos sobre el comportamiento del consumo en el comercio minorista publicados ayer por Estadística revelan dos cosas: que la demanda de los hogares está en crisis y que la regulación no es neutra y es tan desequilibrada que premia en exceso a un tipo de establecimiento y castiga con rigor a otros. La primera tiene una gravedad controlada, porque es coyuntural, puesto que es fiel reflejo de la marcha de la economía en todo el mundo, aunque no se encuentran reacciones tan contractivas en la cesta de la compra y el equipamiento del hogar en ningún país comparable de la UE. Pero la segunda lleva camino de convertirse en una dificultad endémica si el Gobierno desaprovecha la oportunidad que le proporciona la adaptación de la Directiva de Servicios para hacer una regulación del comercio minorista libre, competitiva e igualitaria en el trato de la oferta, y que responda, además, al hábito de compra de la demanda.

Las caídas de ventas, que han llevado los índices a los niveles de hace cuatro años y medio, castigan a todas las fórmulas comerciales, pero premian, por comparación relativa, a las grandes cadenas urbanas, que se han convertido en la competencia directa del comercio tradicional y que han gozado durante los diez últimos años de mayor libertad de instalación que las grandes superficies. Mientras que la caída media de ventas en el último año ha sido del 8,4% real, en las grandes cadenas urbanas no hay descenso, frente a una pérdida del 5,3% en las grandes superficies y del 8,5% en el comercio de una sola localización. Pero tomando el comportamiento de los cuatro últimos años, las grandes superficies han perdido 15,7 euros de cada 100 que vendían, mientras las cadenas urbanas han ganado más de 11 de cada 100 que facturaban.

Independientemente de que el criterio para considerar a un establecimiento gran superficie sea diferente en cada comunidad, las que tienen la consideración de tales precisan de una doble licencia de instalación, que en muchos casos es negada por motivaciones más políticas que económicas. Los retoques que Industria ha hecho en la Ley de Comercio Minorista para adaptar la Directiva de Servicios establece sólo tres motivos por los que puede negarse la licencia regional: protección medioambiental, del entorno urbano y del patrimonio histórico, como si existiese riesgo de que una empresa de distribución buscase deliberadamente instalarse en una iglesia románica o emitiese CO2 como una cementera.

El reparto del comercio reflejado en los datos de Estadística demuestra que la fórmula de gran superficie se adapta a los gustos de la gente, sea en el entorno urbano o fuera de él. Y la ley no puede hacer discriminaciones como las que ha planteado, porque vulnera la libertad de la ciudadanía y seguramente se encontrará con la censura de Bruselas, tal como la Comisión Nacional de la Competencia ha advertido en varias ocasiones.