Automoción, quién da más
Afirmar que el sector del automóvil atraviesa una situación muy delicada no sólo resulta extemporáneo en estos momentos sino que además podría calificarse de tautología. Sin embargo, lo que ya no lo es tanto es diseccionar el alcance de los grupos de interés a los que la crisis afecta, ni determinar las medidas que deben ponerse en práctica para paliarla.
Es conocido que, fruto de las reivindicaciones empresariales y de la coyuntura económica en sí misma, las instituciones comunitarias han echado mano del precepto del Tratado de la Unión según el cual las ayudas de Estado pueden considerarse compatibles con el mercado cuando "van destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro". Sobre esta base, se han promovido ciertos instrumentos en virtud de los cuales el sector financiero primero, y el resto del tejido empresarial después, pueden ser beneficiarios de esta asistencia de Estado.
Sin embargo, las citadas ayudas, susceptibles de ser dirigidas a los fabricantes de automóviles y resto de proyectos empresariales, se han considerado insuficientes. Además, se ha reclamado una contribución pública destinada a la promoción de la compra de vehículos; una medida, como la puesta en marcha en Alemania, que tienda a restituir el denominado Plan Prever y que el Gobierno acaba de impulsar con cierta controversia de la Administración autonómica por la forma en la que se ha llevado a término.
Sea como fuere, y sin perjuicio de que resulta del todo evidente que el sector del automóvil requiere de medidas paliativas como estimular el consumo -en ello no se diferencia de otros-, lo cierto es que éstas no deben ser adoptadas a costa, o en sustitución de otras que verdaderamente van dirigidas a la esencia del problema: las estructurales.
En el debate de las medidas a desarrollar, las estructurales deben cobrar protagonismo y llamar la atención de quienes están en disposición de impulsarlas. Aspectos como la asignación de modelos a los centros productivos de los que el territorio español está salpicado son convenientes, pero la misión de quienes nos dirigen reside, además, en ser capaces de contribuir al crecimiento y sostenibilidad de la industria mediante personal cualificado, promoción y desarrollo de actividades propias de I+D+i, inversión en infraestructuras y en un sistema impositivo coherente, entre otras.
Si nos olvidamos de ello -o peor, si no priorizamos la puesta en marcha de las medidas estructurales necesarias, que por otra parte tienen como embrión al sistema educativo en general- lamentablemente, el futuro no puede presentarse halagüeño.
Lejos de querer otorgarle a cuanto sostengo el carácter de catástrofe maltusiana, o bien el poder político afronta los problemas del sector con visión a largo plazo -lo que supone alcanzar acuerdos unánimes o mayoritarios en las Cortes al margen de ideologías concretas- o mucho me temo que, como país, nos veremos abocados a continuar en el pobre sendero de supervivencia reactiva.
Javier Fontcuberta. Profesor de Derecho Mercantil de Esade (URL) y socio de Landwell-PwC