Obama promulga una ley que favorece a los usuarios de tarjetas de crédito
El presidente de EE UU, Barack Obama, promulgó hoy una "histórica ley" que ofrece protecciones "firmes y fiables" a miles de consumidores "atrapados" en inmensas deudas de tarjetas de crédito por las prácticas abusivas de los bancos.
Durante un acto en la Rosaleda de la Casa Blanca y bajo un sol intenso, Obama firmó una ley, aprobada esta semana en el Congreso, que prohíbe un aumento arbitrario en las tasas de interés, tarifas ocultas, cambios súbitos en los contratos y otras prácticas de los bancos emisores de tarjetas de crédito.
"Estamos poniendo en marcha algunas reformas de sentido común diseñadas para proteger a los consumidores", dijo Obama rodeado de líderes de ambas cámaras del Congreso que patrocinaron la ley.
Obama, que durante la campaña electoral se presentó como el paladín de las clases media y trabajadora, señaló que la mayoría de los estadounidenses utiliza las tarjetas por conveniencia o como una "muleta temporal" para costear algún gasto imprevisto.
Para una minoría de consumidores, su uso se convierte en una "dependencia inestable e incómoda", y terminan gastando más de lo que tienen, se quejó.
En estos tiempos de crisis, muchos se han quedado sin trabajo o sin seguro, o han visto aumentar sus hipotecas, por lo que dependen de las tarjetas "precisamente porque querían cumplir con sus responsabilidades y quedaron atrapados", explicó Obama.
Citó el caso de Janet Hard, una enfermera de Michigan presente entre el público y cuya tasa de interés subió al 24%, pese a mantener un buen historial de pago.
La enfermera no está sola ya que, según Obama, en la última década las deudas en las tarjetas de crédito se han incrementado un 25% en el país y uno de cada cinco estadounidenses paga intereses superiores al 20%.
Obama recalcó que su Gobierno no "excusa ni condona a quienes han actuado de forma irresponsable" y que la gente "tiene que vivir dentro de sus medios y pagar lo que debe". Pero también las instituciones financieras tienen que actuar con "transparencia y responsabilidad", enfatizó.
Se calcula que cerca del 80% de las familias en EE UU tiene una tarjeta de crédito y el 44% de ellas mantiene un saldo. El promedio de deuda supera los 7.000 dólares (5.010 euros).
El problema, como lo ve la Casa Blanca, es que cada año los estadounidenses pagan aproximadamente 15.000 millones de dólares (10.736 millones de euros) en multas.
La ley, que entrará en vigor en nueve meses, prohíbe aumentos arbitrarios en las tasas de interés u otras tarifas ocultas, exige claridad en los términos de los contratos y publicarlos en Internet, y un aviso de 45 días de antelación para cualquier cambio en los intereses.
Los bancos no podrán aumentar los intereses de forma retroactiva a menos que haya un atraso de 60 días en los pagos o incrementarlos con base en pagos tardíos que tenga el cliente con otra entidad.
Las instituciones tendrán que restablecer la tasa de interés original más baja si el cliente se mantiene al día con sus pagos durante al menos seis meses. Además, los bancos tendrán que aplicar los pagos a los balances con los intereses más altos primero, en el caso de que el cliente tenga balances con distintas tasas de interés.
También tendrán que dar a los clientes una fecha fija para los pagos y un tiempo razonable para pagar sus deudas mensuales: por lo menos 21 días consecutivos a partir de la fecha de envío por correo.
Por otra parte, los estudiantes menores de 21 años tendrán que demostrar su capacidad de pago, ya sea de forma independiente o con el aval de sus padres, para poder solicitar crédito.
La ley establece que los bancos e instituciones que violen los nuevos reglamentos y restricciones estarán sujetos a fuertes sanciones.
La Federación de Consumidores de EE UU apoyó la ley, porque considera injusto que a los contribuyentes, que ayudaron a rescatar al sector financiero, los bancos les castiguen con multas y altas tarifas mediante "trampas y artimañas" que los ponen al borde del abismo.
Pero el sector bancario replica que esta "carta de derechos" para los consumidores será un bumerán porque, al final, se podría reducir el crédito disponible por hasta 90.000 millones de dólares (64.414 millones de euros) para evitar el riesgo.