El futuro incierto de la antigua Izar Gijón
Vulcano disuelve el consejo de administración y deja sólo un pedido.
En 2006, el Gobierno cerró la venta de los antiguos astilleros públicos de Gijón, Sevilla y Sestao (Vizcaya) en el contexto de la liquidación de Izar. El objetivo: mantener la continuidad de tres centros de trabajo que, de otra manera, se encontraban abocados al cierre. Sin embargo, dos años y medio después, la situación del astillero gijonés de Juliana es todo menos halagüeña.
Al proceso de enajenación del centro concurrieron dos ofertas vinculantes: una por parte de Construcciones Navales del Norte (CNN), el grupo que se hizo posteriormente con Sestao; y Factorías Vulcano, la empresa viguesa que, finalmente, se adjudicó el astillero asturiano.
La propuesta de Vulcano resultaba atractiva. Por un lado, prometía sinergias con el astillero que ya operaba en Galicia. Por otro, presentó una oferta económica valorada en 11,8 millones de euros, casi el triple de los 4,2 millones de su competidor. Además garantizaba la continuidad de toda la plantilla, 159 trabajadores, frente a los planes de CNN. También prometía una cartera de pedidos que se concretó en contratos para cuatro buques sísmicos y un cementero.
Los sindicatos advierten que llevarán a Vulcano a juicio por incumplir lo pactado
Pero la realidad, a día de hoy, es que el futuro de la actual Factorías Juliana está en el aire. En primer lugar, por la propia situación interna del comprador. Factorías Vulcano está controlada al 51% por la familia Santodomingo y en un 49% por el empresario José Alberto Barreras. Para la compra de Juliana crearon una sociedad ad hoc en la que, inicialmente, se invertía el porcentaje de control. No obstante, al final la operación se materializó bajo el paraguas de Vulcano. La consecuencia es que Barreras ha llevado el asunto a los tribunales y ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia de Vigo le dé la razón y, por tanto, el control del astillero gijonés.
Vulcano ha tomado medidas. Así, ha recurrido el fallo y ha disuelto el consejo de administración, nombrando administrador único al responsable financiero del grupo, José Manuel Domínguez. "Había que unificar propiedad y administración para simplificar la toma de decisiones", apunta el grupo.
Lo que ocurre es que esta decisión rompe el acuerdo con CC OO y UGT que les garantizaba dos puestos en el consejo de administración. Desde las federaciones sindicales lamentan la decisión unilateral y advierten de que la recurrirán por la vía laboral o la civil. Vulcano argumenta que carecía de sentido mantener a los sindicatos en el consejo dada su falta de colaboración con la empresa.
Ahí radica el otro gran problema para el futuro de Juliana. Desde octubre de 2008, el comité de empresa ha suspendido su colaboración con la compañía, después de que Vulcano decidiera trasladar la construcción de los sísmicos a Vigo. Los sindicatos acusan al grupo de llevarse los ingresos de Juliana a Galicia para, finalmente, cerrar el centro. Recuerdan que la empresa ha hipotecado los terrenos de la factoría a favor de Pymar por 20,69 millones y que los compromisos de mantenimiento del empleo vencen en noviembre.
Vulcano justifica el traslado de los buques por el incumplimiento de plazos provocado por el boicot de los trabajadores; afirma que negocia con PGS (el armador de los sísmicos) para evitar cancelaciones y lograr un acuerdo amistoso; y confía en entregar el cementero que queda en plazo y desde Juliana. Pero admite que, ante la falta de nuevos contratos, es posible un ERE. No obstante, recalca que trabaja por la continuidad de Juliana y pide "el compromiso de todas las partes y el fin al mal clima laboral".
Solución para los prejubilados de Naval
Pymar, la asociación que agrupa a la práctica totalidad de los pequeños y medianos astilleros españoles y que se hizo cargo de Naval Gijón, tiene previsto decidir antes del lunes qué aseguradora se hará cargo de la externalización de las prejubilaciones de los trabajadores del astillero. Pymar y los sindicatos mayoritarios pactaron el año pasado el cierre de la factoría a finales de este mes de mayo. Prejubilados de Naval Gijón llevan 15 días encerrados en el astillero y con enfrentamientos con la Policía para que se garanticen sus prejubilaciones.Desde Pymar aseguraron que los trabajadores van a cobrar todo lo pactado y que, en estos momentos, negocian con cuatro aseguradoras las externalización de las obligaciones salariales. Entre ellas estarían Vida Caixa, La Estrella e ING. Cuando se complete el cierre, la asociación prevé vender "sin prisas" los terrenos del astillero.