La renta para parados sin prestación cuesta al menos 1.400 millones al año
El Gobierno prepara el lanzamiento de una nueva renta básica de inserción, destinada a las personas en paro y sin otra renta para vivir, que el Ejecutivo cifra en unos 300.000. Su coste global, que gestionarán las comunidades autónomas, se eleva a 1.400 millones de euros al año como mínimo.
El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, tiene previsto detallar hoy, en el debate sobre el estado de la nación, la implantación de esta renta que tendrá carácter "excepcional" para paliar la crisis económica, según fuentes del Ejecutivo. Esta ayuda, que el Gobierno quiere implantar junto con las comunidades, para los parados a los que se les agote la prestación y el subsidio por desempleo, tendrá un coste aproximado de 1.400 euros al año si se extiende a estos colectivos la ayuda por reinserción que ahora perciben quienes no tienen otra renta alternativa.
Esta cantidad se alcanzaría a tenor de las cifras que baraja inicialmente el Gobierno y que cifran en unas 300.000 personas el nuevo colectivo que ha agotado las prestaciones por paro y no tiene otros ingresos para subsistir. Dicho grupo pasaría a recibir una renta en torno a los 400 euros mensuales y sería gestionada por las comunidades autónomas.
El encargado de negociar la fórmula de esta renta básica con las comunidades autónomas es el vicepresidente de Política Territorial,Manuel Chaves, quien a su vez, está diseñando su financiación con elMinisterio de Economía. Tal renta se enmarca dentro de las ayudas para las personas que están prácticamente en situación de exclusión social, cuya gestión corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas a través de las políticas sociales.
De esta forma, se descarta, como apuntó en principio la ministra de Economía, Elena Salgado, que esta ayuda a los parados se vaya a canalizar a través de la figura ordinaria ya existente de la Renta Activa de Inserción. Se trata de una fórmula híbrida cuya financiación corresponde al Servicio Estatal de Empleo, dependiente delMinisterio de Trabajo, pero la gestión de sus programas de formación para el empleo remunerados corresponde a las comunidades autónomas. En la actualidad, cobran esta renta poco más de 88.000 personas.
Por ello, al quedar al margen de esta fórmula de renta mínima, se abre la incógnita de si las comunidades autónomas deberán o no vincular el cobro de la ayuda a la realización o participación de los beneficiarios en cursos de formación o empleos para la comunidad, otro aspecto que deberá aclarar hoy Zapatero. En cuanto a la forma escogida de financiación, fuentes del Ejecutivo aseguran que "hay muchas maneras de obligar a las comunidades a que pongan en marcha esta renta". Podría vehicularse a través de una ley o bien incluyendo su coste como una moneda de cambio más en el paquete de la financiación autonómica. Teniendo en cuenta que muchas comunidades ya cuentan con rentas mínimas de inserción, fuentes de Trabajo explicaron que "se trataría de aumentar su cuantía o prolongar su periodo de cobro" en los casos en los que fuera necesario.
Por su parte, la patronal de las empresas de trabajo temporal (Agett) ha cifrado en 4.581 millones lo que costaría prorrogar seis meses el actual subsidio por desempleo a los más del millón de parados que carecen de prestaciones contributivas porque se les han terminado o porque no tienen derecho a ello. Si bien este gasto se enmarca dentro del ya deficitario presupuesto del Servicio Estatal deEmpleo (antiguo INEM) que tiene previsto destinar este año 30.000 millones al pago de la protección por desempleo, lo que supone un 70% más de lo presupuestado. Por este motivo, parece que ha quedado totalmente descartado incluir la financiación de la nueva renta básica en este capítulo de gasto.
Reforma de pensiones en el año 2011
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, adelantó ayer que espera que el Pacto de Toledo llegue a un consenso en 2010 para que, tras alcanzar el acuerdo con los agentes sociales, se apruebe una reforma legislativa del sistema de pensiones en 2011. Corbacho volvió a asegurar que las cuentas de la Seguridad Social cerrarán el año con un superávit, que cifró en el 0,4% del PIB "en el peor de los escenarios posibles". Además, sugirió posibles cambios de bajo calado como incentivar la natalidad y rechazó otros como el retraso de la edad legal de jubilación (65 años). La comparecencia del ministro en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados estuvo marcada por acusaciones cruzadas. Mientras la oposición, liderada por el PP, criticó que Corbacho desautorizara la comparecencia en la que gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió una reforma de calado, el ministro acusó a los populares de ahondar en el "catastrofismo" sobre el futuro de las pensiones, "que están garantizadas hasta 2030".