Energía

Industria recortará a las eléctricas 1.600 millones por el CO2 pendiente

Aunque la norma sobre la minoración de los ingresos extras por el CO2 que las eléctricas reciben gratis se derogará el 1 de julio, aún sigue sin aplicarse a 2007, 2008 y 2009. Industria está dispuesta a restar las cantidades correspondientes a estos años, que ascienden a casi 1.600 millones.

La frase "positiva resignación" que han acuñado las eléctricas para expresar su posición ante el real decreto ley de medidas energéticas aprobado por el Gobierno para poner freno al déficit de tarifa, tenía gato encerrado.

Tras una larga y persistente batalla, las empresas han logrado que el Consejo deMinistros derogue el real decreto ley de diciembre de 2007 por el que se les minora los ingresos extras que se anotan por trasladar al precio de la electricidad el coste de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente. Sin embargo, este triunfo no les eximirá de la mengua pendiente de los ejercicios de 2007, 2008 y del primer semestre de 2009, ya que la derogación se producirá el 5 de julio. Fuentes empresariales así lo reconocen, y añaden que esta cuestión ha formado parte de un acuerdo con el ministerio. Por su parte, en el departamento que dirige Miguel Sebastián también reconocen oficialmente "que así se hará".

Con pacto o sin pacto, lo cierto es que legalmente no se puede dejar de aplicar la minoración, cuya cantidad varía cada año, pues depende del precio del mercado de emisiones y de los derechos que necesiten adquirir las empresas. Una vez calculado el importe a detraer a cada compañía, debe ser aprobado en una orden ministerial. De momento, a las eléctricas sólo se les han quitado los ingresos extras del ejercicio de 2006, que superaron los mil millones (750 millones entre Endesa e Iberdrola), a través de una orden ministerial aprobada en diciembre del año siguiente, siendo titular de Industria Joan Clos.

La cantidad de 2007, que ya fue calculada y aprobada por la Comisión Nacional de la Energía el año pasado, apenas supera los 50 millones de euros. Sin embargo, aplicando la misma fórmula que en esos dos ejercicios (la que se debe volver a aplicar pues supone un antecedente), la detracción de 2008 será muy superior (1.074millones), en tanto, la del primer semestre de este año se estima en 436 millones. En total, 1.560 millones.

El compromiso está sellado, según las distintas fuentes, pero "es necesario que las órdenes ministeriales se publiquen antes del 1 de julio, pues, según fuentes jurídicas, "tal como está redactado el real decreto ley, las normas de rango inferior podrían decaer y se incurriría en retroactividad". Esta situación "pondría en una delicada situación al ministerio, ya que esos 1.600 millones de euros se destinan a reducir el déficit y, si no lo pagan las eléctricas, lo tendrían que pagar los consumidores con incrementos de la tarifa mayores de los previstos".

Bono social 'cortoplacista'

El real decreto ley, que debe convalidar el Congreso, incluye la creación de un bono social. æpermil;ste se aplicará en el corto plazo a varios colectivos de ciudadanos y, una vez aprobado el reglamento, según la renta per cápita de las familias. Con ello, el Gobierno pretende un efecto inmediato de la medida, pues las eléctricas deben aplicar la bonificación de forma automática a partir del 1 de julio a uno de los colectivos que incluye la norma, y de los cuales dispone de datos: los clientes con menos de 3 kW de potencia, que suman cinco millones, según información del sector.

Este número se reduciría considerablemente si se aplicara estrictamente la ley, que obliga a tener en regla el interruptor de control de potencia (ICP), que miles de clientes no tienen. En todo caso, al margen de esta obligación, las eléctricas deberán bonificar y el Gobierno se anotará un triunfo en el corto plazo.

Unesa retirará su denuncia de Bruselas

El contencioso sobre el CO2 ha formado parte de las negociaciones entre las empresas e Industria sobre el paquete de medidas contra el déficit de tarifa. El ministerio llegó a plantear algunas otras alternativas a la derogación del real decreto ley de diciembre de 2007 de minoración de ingresos (que se aplicará en el segundo periodo de adaptación al Protocolo de Kioto, hasta 2013), como laminar el pago o aplicar una quita. Sin embargo, todas estas opciones se consideraron insostenibles legalmente. La derogación era el camino más seguro en este sentido, pero el más difícil políticamente.

Las empresas la han aceptado "resignadas", porque no se librarán de las minoraciones que están pendientes de dos años y medio, pero sí de su aplicación hasta 2013. A cambio, han aceptado, según fuentes empresariales, la condición impuesta por el Gobierno: que retiren la queja presentada en su día ante la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea, que podría resolverse en breve, así como el recurso ante el Supremo contra la orden ministerial que les restó los mil millones de 2006.

Y es que si la resolución comunitaria es favorable al Gobierno, éste se vería seriamente comprometido por haber anulado una norma apoyada por Bruselas. Por su parte, si el Supremo diera la razón a las empresas, el Gobierno debería devolver esa cantidad. También hay quien asegura que podría aprobar una nueva orden alternativa.