Pistoletazo de salida para las europeas

La vicepresidenta Elena Salgado se estrenará el próximo miércoles en la Comisión de Economía del Congreso con el organigrama de su Ministerio ya cubierto, incluida la vacante que dejará David Vegara en la correspondiente Secretaría de Estado. El Gobierno nombrará a su sustituto el próximo viernes y en el departamento hay quien apunta la posibilidad de que el cargo recaiga en Carlos Ocaña, baile que obligaría a buscarle un sustituto en Hacienda y Presupuestos. Ocaña está en el secreto del acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica a punto de cerrarse que, salvo riesgo de gran convulsión, tendrá que sintonizar con la sentencia que el Tribunal Constitucional dictará antes del verano sobre el Estatuto catalán. Este acuerdo tendrá que formalizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo a la futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en la que el Gobierno persigue, como es lógico, la complicidad del PP.

El debate del estado de la nación que se inicia mañana martes en el Congreso ha sido fijado por José Luis Rodríguez Zapatero con todos estos deberes pendientes, a los que se suman el plan de rescate que el Banco de España prepara para las entidades financieras en dificultades y los primeros preparativos del proyecto de ley de Presupuestos estatales para 2010 que ya se han iniciado con el estudio del futuro techo de gasto.

Son tan altas las expectativas que se han generado desde La Moncloa, no desde Economía, sobre el gran anuncio que podría hacer el presidente en la sesión plenaria del martes que si, al final, la montaña pare un ratón, el Gobierno se arriesga a perder el debate desde el prisma mediático, casi el único que cuenta e interesa a quienes se sientan en los escaños del banco azul y de la oposición. Para evitar una foto nítida de la debilidad parlamentaria que aqueja al PSOE en el Congreso, se ha retrasado una semana la presentación de las resoluciones. Como en el caso de las proposiciones no de ley, buena parte de ellas tienen carácter testimonial, por lo que el Gobierno consumirá el grueso de sus energías en evitar sonoras derrotas.

Como demostración de la escasa relevancia que tienen las resoluciones aprobadas en este tipo de debates, basta recordar que la mayoría de ellas se incumplen sin que exista un interés posterior de los grupos en exigir las oportunas responsabilidades. En julio de 2007, fecha del último duelo parlamentario de esta naturaleza, pasaron el filtro más de una treintena de iniciativas, entre ellas las que emplazaron al Ejecutivo a transferir las cercanías ferroviarias a Cataluña, inyectar los recursos suficientes al sistema de dependencia para hacerlo eficaz, definir una estrategia energética para el horizonte del 2030 o aprobar una ubicación para el cementerio nuclear.

En esta ocasión, la atención del Gobierno se centrará en que la pinza que está en condiciones de ensayar Mariano Rajoy con Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y Josu Erkoreka (PNV) pueda compensarse con el apoyo de las minorías al PSOE para evitar así, una semana después de que culmine el debate, la imagen de un Gabinete débil, sometido al vaivén de los grupos que, por una u otra razón, buscan su rápida erosión.

La experiencia enseña que la habilidad del presidente Zapatero para ganarse los titulares de los periódicos en este tipo de citas parlamentarias es una de las artes que mejor maneja. Lo consiguió hace dos veranos con el anuncio del polémico cheque-bebé y en enero del año pasado, en otro escenario distinto, con la deducción de los 400 euros en el IRPF.

Abiertas las compuertas del gasto

En ambos casos, el dique de contención del gasto puesto por Pedro Solbes se desbordó. Ahora, si hacemos caso de los primeros mensajes emitidos por su sucesora, sólo se abrirán las compuertas para medidas muy selectivas que contribuyan a cambiar el modelo de crecimiento. Aún es pronto para saber si los estímulos fiscales que ya suponen el 2,3% del PIB, 4,9% si se suman los estabilizadores automáticos, aportarán a la actividad económica la eficacia perseguida.

De momento, el Gobierno se conforma con plantear simuladores sobre la tasa de paro que afrontaría España en caso de no haberse adoptado todas las medidas conocidas. Quien no se consuela es porque no quiere. Al margen de los deberes pendientes con los que Zapatero llega al debate de mañana, pesa en el estado de ánimo de los diputados del PSOE el abultado número de iniciativas que se encuentran paralizadas en el Congreso por las dificultades a las que se enfrenta para reunir los apoyos suficientes para aprobarlas.

Cambios en el grupo socialista

Hay también otras razones operativas que explican el parón parlamentario. Aunque todavía no es oficial, el Grupo Socialista acaba de sustituir a Inmaculada Rodríguez-Piñero y a Pilar Unzalu, nueva secretaria general de Infraestructuras en Fomento y nueva consejera vasca de Medio Ambiente, respectivamente, por la diputada oscense Marta Gastón y el alcarreño Jesús Alique. La primera será portavoz de Economía en el Congreso y el segundo de Industria. Entre sus primeras tareas figura la negociación con el resto de los grupos parlamentarios de la Directiva de Servicios, eje sobre el que gravitan buena parte de las reformas estructurales previstas para esta legislatura.

También están en tramitación el proyecto de ley de Servicio de Pagos, la reforma del Mercado de Valores y de la supervisión del Seguro Privado y la próxima convalidación del real decreto de avales para el déficit de tarifa. Las empresas con intereses directos en estas iniciativas se mueven desorientadas en los últimos meses, en busca de señales que desde los ministerios correspondientes se emiten de manera todavía confusa.

En el Gobierno se cataloga el debate de mañana como una ocasión para arrancar la campaña de las europeas del 7 de junio. De ahí que se prevea algún anuncio de impacto. Zapatero se la juega en estos comicios después de haber gastado en su reciente remodelación ministerial uno de sus últimos cartuchos.

Complicidades presupuestarias

Los ministros más políticos del Gabinete creen que si el PSOE gana estas elecciones puede producirse una clara inflexión en el clima político que devuelva la inestabilidad al PP y ayude a Zapatero a tejer complicidades para sacar adelante los Presupuestos del año que viene. El 'efecto Galicia' se habría acabado para Mariano Rajoy.

En cambio, si el PP saliera vencedor el 7-J, los problemas para el Gobierno se multiplicarían: aumentaría el precio de los grupos minoritarios para apoyar las cuentas estatales de 2010, el aislamiento parlamentario del PSOE se haría cada vez más patente y las amistades del PP con CiU y PNV se afianzarían en Madrid, las primeras alimentadas probablemente por la próxima sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán y las segundas, todo un ejemplo de incoherencia para el PP, por la llegada de Patxi López al Gobierno vasco. En este escenario, a Zapatero sólo le quedaría la esperanza de gestionar una buena presidencia europea, mientras Rajoy intenta fortalecerse como alternativa.