¿Tiene la política social su espacio?
Hemos asistido en sucesivas legislaturas y con diferentes Gobiernos a distintos encuadramientos institucionales de la política social, en general, y de los servicios sociales, en particular; a sucesivas formas de enunciarlos. Permanece y subyace un problema de fondo: la flexibilidad de criterio con que se conceptualizan, la ambigüedad de los términos con que se definen y la superficialidad con que se desarrollan.
En el discurso de todas las fuerzas políticas autonómicas y estatales no faltan continuas referencias a la cohesión social, a la calidad de vida, al bienestar de la población. Puede parecer que todos quieran decir lo mismo o parecido. Este parecido, en sí, ya es preocupante. Se consensúan términos políticamente correctos en los que todos se reconocen, mientras han caído en desuso los términos de justicia social o redistribución de la riqueza, y con ello su significación y su práctica.
Existen diferentes modelos de política social que responden a diferentes perspectivas y concepciones ideológicas sobre la sociedad, sobre la relación entre lo económico y lo social, sobre la ciudadanía y los derechos, sobre la responsabilidad pública y el mercado. Desde los discursos políticos no llegan con nitidez estas cuestiones de fondo.
Ciertamente no está superada la retrógrada concepción de que lo social está subordinado a lo económico. La política social y la política económica son interdependientes, que no es lo mismo que la subordinación de la primera a la segunda. Mientras esta premisa no haga mella en la acción de los Gobiernos se seguirá actuando, pasiva o activamente, desde el paradigma que erige el desarrollo económico como un fin en sí mismo, y no como un medio puesto al servicio de las personas para alcanzar mayores cotas de calidad de vida, de desarrollo personal y social.
En concreto, la consolidación del sistema público de servicios sociales es una asignatura pendiente en nuestro país. La adecuada implantación del sistema para la autonomía y atención a las situaciones de dependencia es el punto de inflexión que permitirá, o no, avanzar en esa dirección y ampliar el reconocimiento de derechos subjetivos en el ámbito de los servicios sociales.
Las competencias autonómicas no pueden utilizarse torticeramente por parte de algunos Gobiernos autonómicos para no cumplir con las obligaciones contraídas con la ciudadanía, ante un derecho subjetivo reconocido en la Ley de Atención a la Dependencia, en materia de protección social. Algunos Gobiernos autonómicos no pueden aprovechar esta inyección de dinero para abaratar lo que ya venían prestando o para financiar otro modelo, donde la responsabilidad pública se reduce al papel de intermediario entre el mercado y el ciudadano.
La Ley de Atención a la Dependencia fue fruto de un proceso democrático de elaboración en el marco del diálogo social y aprobada con un alto grado de consenso en el arco parlamentario. Por el contrario, la implantación en muchas comunidades se está realizando con un gran déficit democrático, a espaldas de los agentes sociales, del ámbito profesional, de entidades sociales y de grupos políticos.
Tampoco el Gobierno del Estado puede flojear a la hora de incrementar, adecuar y condicionar la financiación del sistema al cumplimiento de sus preceptos; ni a la hora de realizar inversión pública en infraestructuras; a la hora de promover la suficiencia y calidad de los servicios y el empleo del sistema; a la hora de actuar ante los desequilibrios y desigualdades de su aplicación en el conjunto del Estado.
La crisis económica que nos envuelve pone en evidencia la debilidad de las políticas sociales públicas que venimos arrastrando en materia de vivienda, de educación infantil, de servicios sociales, de rentas mínimas garantizadas. Hoy se evidencia que cuando se idolatra al mercado y las necesidades sociales no están reconocidas como derechos universales la sociedad, en general, ve multiplicados sus malestares sociales.
Recuperemos las voces que, allá por los años noventa, se acallaron cuando argumentaban que la crisis del Estado de bienestar no obedecía a problemas económicos, sino a causas ideológicas y de conceptualización.
El Estado de bienestar tiene un doble objetivo: el desarrollo económico y la redistribución de la renta y conlleva acuerdos. La política social permite una distribución justa de la riqueza, los sistemas públicos de bienestar son sus instrumentos. Este modelo de Estado no puede subordinar su objetivo social.
Demos espacio e identidad a la política social, aunque nuevamente se hayan quedado sin ministerio.
Rosana Costa Navarro. Secretaria Confederal de Política Social de CC OO