El plan del Gobierno contra el déficit de tarifa prevé otros 9.500 millones más
El real decreto ley de medidas energéticas aprobado por el Gobierno y con el que se pretende poner freno definitivo al déficit de tarifa en 2013 admite la generación de nuevas desviaciones de 9.500 millones hasta ese año. La norma deroga el real decreto ley de detracción de ingresos por el CO2, tal como reclamaban las empresas, y establece un bono social para determinados colectivos, que no estará ligado a la renta.
La norma con la que el Gobierno pretende acabar con el déficit de tarifa hasta 2013 permitirá la generación de nuevas desviaciones (esto es, las tarifas seguirán sin cubrir los costes de las eléctricas, pero se les reconocerá como una deuda) de 9.500 millones hasta ese año. Según el texto del real decreto ley tramitado el pasado jueves por el Consejo deMinistros, al que ha tenido acceso CincoDías, a partir del 1 de enero de 2013 los peajes de acceso, o tarifas por el uso de las redes, "serán suficientes para satisfacer los costes".
No obstante, añade, hasta entonces se permitirán hasta 3.500 millones de euros en 2009; 3.000 millones en 2010; 2.000 millones en 2011 y 1.000 millones en 2012. Tal como había anunciado el Ministerio de Industria en una nota de prensa, única información disponible sobre el contenido del real decreto ley, para la financiación de dichos déficits se constituirá un Fondo de Titulización de Déficit del Sistema Eléctrico, cuyo activo estará constituido por por derechos de cobro, por 10.000 millones de euros, que se hayan generados hasta el 31 de diciembre de 2008.
Esta es la cantidad que el Estado avalará como máximo este año, en tanto, en la Ley de Presupuestos se aprobarán los avales necesarios para el resto de los años. Pese a que la nota de prensa del pasado jueves señalaba que la Comisión de la Energía designaría a la sociedad gestora del fondo, el real decreto ley indica que la nombrará una comisión que, "a estos efectos", creará elMinisterio de Industria. æpermil;ste la presidirá y en ella estará representado el Ministerio de Economía.
A través de una disposición transitoria, las eléctrica han conseguido, por fin, que el Gobierno deroge el Real Decreto-Ley 11/2007 por el que se les resta de su retribución los ingresos extras derivados de los derechos de CO2 que reciben gratis. La supresión de esta norma, verdadero caballo de batalla del sector, se producirá el 1 de julio, cuando entre en vigor la tarifa de último recurso (TUR), según el texto aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que después aceptó el Consejo de Ministros.
Pese a que esta medida supondrá un incremento del déficit (hasta ahora se les ha minorado más de 1.000 millones de los ingresos de 2006, que se han destinado a recortarlo), el Gobierno la considera "necesaria para adaptar el marco retributivo del sector eléctrico a un modelo de negocio en el que el coste de generación ya no será liquidado por la CNE".
El texto legal reconoce que para frenar el déficit serán necesarios "incrementos tarifarios". Para ello, como se ha anunciado, se establece un bono social (o la congelación de la tarifa para varios colectivos a partir del 1 de julio), que se justifica legalmente en "la obligación de servicio público" que fija la directiva europea sobre electricidad.
El bono no está ligado a la renta y será de "aplicación automática" para los consumidores con menos de 3 kW de potencia; a los pensionistas de la Seguridad Social de más de 60 años que vivan solos o tengan cónyuge a su cargo; a las familias numerosas y a las que tengan todos sus miembros en paro. Aunque se había anunciado que las eléctricas financiarían el bono, finalmente, sólo "compartirán" dicha financiación con el resto de los consumidores. Esta carga compartida se repartirá entre 12 generadoras (ver gráfico), especialmente, Endesa e Iberdrola, con más de un 70% y Gas Natural- Fenosa, con el 13,54%.
A los Presupuestos, solo una parte de los insulares
Pese a que el Gobierno había declarado que iba a aligerar la tarifa trasladando a los Presupuestos del Estado los extracostes de los sistemas eléctricos insulares y de Ceuta y Melilla, que este año ascienden a 1.300 millones, el real decreto ley introduce un importante matiz. Así, este trasvase será gradual (este año un 17%) y sólo hasta un máximo del 70% (en 2012). Queda por ver qué pasa con el déficit acumulado por estos sistemas y aún por titulizar, que supera los 1.000 millones.El paquete de medidas energéticas es claramente favorable a las grandes eléctricas, que además de "compartir" el bono sólo tendrán que provisionar, temporalmente, fondos para la gestión de los residuos nucleres por 2.700 millones. De hecho, la patronal Unesa, se ha mostrado "optimista" con la norma. Por el contrario, ésta ha levantado ampollas entre las pequeñas compañías del régimen especial, que están en pie de guerra, especialmente en el Congreso, donde se debe tramitar el real decreto ley. La razón está en la creación de un registro de pre-asignación de retribución, para poner freno al déficit. Este registro se hace imprescindible, según el texto, para evitar que la "tendencia que siguen estas tecnologías, pongan en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema", tanto desde el punto de vista económico, como técnico.