Las buenas intenciones ya no bastan
Desde mi última crónica de finales de marzo han ocurrido muchas cosas y pocas de ellas buenas; pero no adelantemos acontecimientos y sigamos un cierto orden.
Fue primero la reunión del G-20 en Londres, que, como la de Washington, resultó ser una nueva versión de mucho ruido y pocas nueces salvo, quizá, la generosa dotación prometida al FMI para ayudar a los países emergentes afectados por la crisis mundial. Poco después, esa misma institución publicó unas previsiones que congelaban el aliento al augurar que el PIB mundial se reduciría este año en un 1,3% -la OCDE cifra el descenso en el 2,7%- y, lo cual es más desconsolador, que la recuperación necesitará, cuando menos, unos tres años y medio a partir del momento en que se toque fondo. Para España las predicciones son aún más desalentadoras por cuanto cifran en un 3% la caída del producto este año y del 0,7% el próximo.
Pero el análisis de las cifras económicas patrias requiere prestar atención a algunos acontecimientos políticos que, sin duda, pueden influir en su futura evolución. El primero y más relevante fue la constitución del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo primero que llama la atención es el escepticismo con que la remodelación ha sido recibida; actitud debida acaso a que nadie, empezando por el propio presidente, ha sido capaz de explicar las razones del cambio. Entre otras varias caben las dos siguientes:
l El presidente del Gobierno ha decidido encargarse personalmente de la lucha contra la crisis que tanto trabajo le costó aceptar y desea por ello contar con personal fiel, empezando por una ministra de Economía y Hacienda que se limite a ejecutar sus decisiones y no a ponerle pegas aduciendo que no queda margen para medidas adicionales de gasto público y minucias por el estilo.
l El presidente, en una mezcla de su conocido optimismo antropológico y de huida hacia delante, cree, primero, que estamos al borde del comienzo de la recuperación y que para ello hay que echar más madera y desea contar, simultáneamente, con un grupo de ministros que se identifique con el propósito del partido de mantenerse en el poder a toda costa para conducir al país hacia la tierra prometida.
Lo malo es que, primero, las cifras no parecen muy impresionadas por tan loables propósitos y, segundo, que algunas instituciones y sectores económicos parecen empeñados en seguir pensando por su cuenta. Entre estas últimas ocupa un lugar destacado el Banco de España, que se ha tomado en serio eso de su autonomía y ha señalado por boca de su gobernador la fragilidad a medio plazo del sistema público de pensiones y la necesidad de emprender ya el estudio de su reforma. Tan razonable advertencia -fundada en la demografía y unas hipótesis económicas sensatas- provocó la ira del ministro inquisidor que tachó al gobernador de ignorante y le amenazó -ante la complacencia de los dirigentes de unos sindicatos generosamente subvencionados- para que sea la última vez que el banco discrepa de las orientaciones del Gobierno. Algún otro ministro afirmó que ese "no era del debate actual", excusa que se aplica también a las numerosas peticiones de discutir las reformas del mercado de trabajo para intentar detener una tasa de paro que ha llegado al 17,4% de la población activa y que podría acabar este año en el 20% y el próximo en casi el 22%.
El panorama no es precisamente alentador. España será uno de los últimos países en salir de la crisis y lo hará con un crecimiento débil, apoyado en la continuidad de un gasto público cada vez más insostenible, con un sistema financiero vacilante y puede que con una tasa de inflación peligrosa. Todo lo cual exigirá un esfuerzo de financiación del gasto público que cada vez encontrará más dificultades, hasta el punto que no puede descartarse ni una rebaja en la calificación internacional de nuestra deuda soberana ni que llegue el momento en que alguna subasta del Tesoro Público no se cubra en su totalidad. Se precisan reformas sustanciales respecto a la cuales debe irse elaborando un consenso general así como un programa coherente de reducción a medio plazo del déficit y la deuda pública previsibles. Pero para ello necesitaremos un Gobierno decidido y capaz de sacarnos de la crisis; en otras palabras, un Gobierno diferente.