La solución es licitar más, pero sobre todo mejor
Cada mes de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole, los periódicos y demás medios de comunicación se afanan en adelantar cuál será el volumen inversor del Gobierno de cara al próximo ejercicio. Esta partida está considerada como una de las principales contribuciones al llamado gasto productivo, ya que genera empleo y contribuye a aumentar la productividad y la competitividad de la economía.
El problema es que esa cifra de inversión prevista, por muy abultada que sea, nunca es real, no equivale a la auténtica capacidad de licitar que tiene la Administración central, o cualquier administración que se precie.
Dicho de otro modo, de los 22.000 millones de euros que anunció el Ministerio de Fomento que invertirá este año, en realidad el 85% de esa cifra, o puede que más, ya está comprometido en pagos por obras que se licitaron dos y tres años atrás, ya que los gestores públicos suelen agotar con buen criterio los límites que establece la Ley General Presupuestaria, explica el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano.
En los volúmenes de inversión pública que se anuncian cada año hay partidas no disponibles
"Es más que probable que este año los responsables de licitar obra nueva en Fomento apenas dispongan de unos 3.300 millones, lo que es claramente insuficiente, si se quiere frenar la masiva destrucción de empleo actual", añade Lazcano. Esta situación es la que ha propiciado que desde el sector de la construcción se demande una inyección presupuestaria extra de, al menos, 10.000 millones para estimular la maltrecha actividad constructora, derivada del hundimiento del sector inmobiliario.
"Si Fomento logra de Economía esos recursos adicionales será sin duda una buena noticia, pero lo más importante es explorar todos los mecanismos que permite la ley para hacer que ese dinero sirva de verdad para activar la economía", añaden fuentes de una constructora mediana.
Los expertos consultados hablan de abordar una "sana combinación". Cuando el ministerio licita una obra, el pago de la misma se anualiza en función de lo que vaya a tardar su construcción. Por ello, el primer año se puede llegar a licitar un proyecto hasta con un euro porque hasta que se adjudica y se inician los trabajos puede transcurrir buena parte del año. El resultado a ese bajo presupuesto es que el adjudicatario de la obra, como sabe que en ese ejercicio no va a cobrar más de ese euro, ralentizará todo lo que pueda los trabajos. En estas circunstancias existen multitud de obras en la actualidad. Por ello, lo primero que habría que decidir es un reajuste de las anualidades, de forma que Fomento aumente las cantidades a pagar y con ello las empresas puedan agilizar los trabajos. "Esto, si los responsables ministeriales lo autorizan, es una decisión que se puede aplicar en 15 días", advierten desde la CNC.
Otra forma de acelerar la obra pública es analizar todos aquellos proyectos que se encuentran paralizados por incidencias. Entre ésas, una de las más comunes es la falta de aprobación económica de la obra, una vez que ha superado los requerimientos técnicos. Si al ministerio se le dota de más recursos, las aprobaciones económicas se pueden conceder también en un plazo aproximado de 15 días, lo que súbitamente revitaliza los trabajos.
Así, esta explotación a tope del presupuesto, unida a los 10.000 millones de euros adicionales que reclaman las empresas, daría como resultado una sana combinación que impulsaría a toda la cadena de producción. Es tan importante sacar a concurso más proyectos de infraestructuras, como hacerlo de una forma más eficiente o, en definitiva, mejor.
"Al aumentar la licitación, cuyos plazos por más que se diga desde el Ejecutivo tienen unos tiempos mínimos que se deben respetar, las constructoras aumentan el equivalente a su cartera de pedidos", sostienen en una ingeniería. Gracias a ello, las compañías pueden planificarse más a medio y largo plazo, lo que repercute positivamente en el empleo no sólo en las constructoras, sino entre los suministradores, un subsector que está siendo especialmente castigado por la crisis.
Fomento se ha caracterizado históricamente por ser un departamento que cuenta con funcionarios especialistas en utilizar estos mecanismos y de hecho el grado de ejecución del presupuesto se acerca año tras año al 100%. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente acumula ya varios ejercicios con niveles muy bajos de licitación. El sector exige la reactivación del Plan Agua, programa de inversiones que contempla, entre otras iniciativas, la construcción de desaladoras, la mejora de los acuíferos y de las infraestructuras ya existentes en el abastecimiento urbano.
Las constructoras recuerdan que reclamar una inversión extra de 10.000 millones más no es nuevo. "Hace más de un año la CNC anunció que la merma de fondos estructurales procedentes de Bruselas requeriría que el Gobierno español invirtiera unos 20.000 millones de euros más en cuatro años. Lo único que estamos pidiendo ahora es que, dada la excepcional situación de la economía, sería conveniente concentrar ese mayor esfuerzo inversor en dos años, de ahí salen los 10.000 millones para cada ejercicio", añaden en una de las principales constructoras del país.
Y es que la construcción reivindica estos días que se ponga fin a la política de demonización que viene sufriendo desde hace años como máxima responsable de la debacle actual. "Hablar de un cambio del patrón de crecimiento es conveniente y oportuno, pero eso no se consigue apretando un botón. Habrá que planificar despacio y bien y empezar por el sistema educativo", afirma Seopan.