El déficit fiscal es una solución transitoria
La degradación presupuestaria continúa imparable, con una caída de los ingresos en los tres primeros meses del año del 11,9% y un aumento de los gastos del 15,5%. Ante tal evolución, el Gobierno reconoció ayer que el déficit superará el 5,8% previsto oficialmente. Habrá que esperar a los nuevos cálculos del Ministerio de Economía, pero quizá se acerque al 8% que vaticina el Banco de España, lo que supondrá el mayor desfase presupuestario de la historia reciente.
En lo tocante a los ingresos tributarios, la alarma salta en el IRPF que ha mantenido hasta ahora un comportamiento aceptable pese a la crisis. Pero los cuatro millones de parados ya están pasando factura a la recaudación de este tributo, que cae un 9,7% en el trimestre. Respecto a los gastos, el aumento se explica en parte con la prestación por desempleo y la partida de "otros gastos corrientes", que lo incluye, se dispara un 80%. Sin embargo, por alarmantes que sean las cifras, son consecuencia lógica de la situación en que está inmersa la economía española, cuya gravedad se desconocía desde la Gran Depresión del 29.
En definitiva, el déficit fiscal -por preocupante que resulte- es parte de la solución. No en vano, junto a la merma de los ingresos y el aumento del coste del desempleo, el desgaste presupuestario se deriva también de los planes de incentivo aprobados por el Gobierno. Lo cual está justificado, pues como bien apunta el FMI, el gasto público es, actualmente, la única política eficaz para combatir la caída de la demanda y compensar la escasez financiera. Nadie lo pone en duda, lo que explica que España no sea una excepción en el recurso al déficit. La mayoría de los Gobiernos han desajustado sus presupuestos e incluso algunos como los de Estados Unidos y Gran Bretaña ya han reconocido déficit por encima del 10%.
Aunque el déficit sea una herramienta imprescindible contra la recesión, hay que analizar meticulosamente la eficacia de cada euro que emplea el Estado. Y en este sentido, no todas las partidas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasan el examen. La rebaja de los 400 euros o los 1.200 euros por hijo nacido, empleados para activar el consumo, incumple su función, pues se están desviando hacia el ahorro. Hacienda reconoce que sin estas medidas la caída de la recaudación del IRPF sería tan sólo del 1,8%. Y eso son muchos millones de euros que podrían emplearse en inversión que genere empleo directo o destinarse a apuntalar la demanda en algunos sectores especialmente afectados por la crisis.
El Gobierno debe rehacer sus políticas y no porfiar en medidas de dudosa eficacia. Además, urge que presente un plan para reconducir las cuentas públicas al equilibrio lo antes posible. Su deseo de reducir el déficit al 3% en 2012 será creíble cuando explique cómo piensa hacerlo. Hasta entonces, será un mero brindis al sol, que tendrá costosas consecuencias en la financiación de la economía.