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Energía

Industria ultima un pacto sobre el déficit de tarifa con las grandes eléctricas

La situación de las eléctricas, que están financiando los casi 6.000 millones sin titulizar que los consumidores le deben por el llamado déficit de tarifa, y la mayor flexibilidad mostrada por Economía están impulsando un acuerdo final con las eléctricas. El aval del Estado para esa deuda, el bono social de la tarifa, los contratos con la gran industria y el traslado a los Presupuestos de costes de la tarifa están en la mesa.

El pasado viernes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián mantuvo una reunión con los máximos responsables de las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, para impulsar un pacto definitivo sobre el déficit de tarifa, que ascenderá a finales de este año a 10.585 millones, de los cuales, 5.946 millones están sin titulizar. El acuerdo, que debe materializarse en un real decreto ley, pues la mayor parte de las medidas que están encima de la mesa requieren este rango legal, podría llevarse a un próximo Consejo de Ministros.

Dichas medidas son las siguientes: ofrecer el aval del Estado a una deuda que los consumidores han contraído con las eléctricas, debido a las subidas de tarifa insuficientes aprobadas por el Gobierno; que los Presupuestos asuman parte del coste de la tarifa; que las eléctricas paguen la bonificación que el Gobierno quiere aplicar en la tarifa de último recurso que entra en vigor en julio a las rentas más bajas y que el sector internalice todo el coste de la gestión de los residuos nucleares.

En el caso de la bonificación (descuentos), que en un principio se valoró en unos 700 millones de euros, las empresas seguían el viernes a la espera de que el Gobierno la concretara y repartiera entre ellas.

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Otro asunto en discusión es el recorte de los ingresos extras que las compañías reciben al trasladar a los precios de la electricidad los derechos gratuitos de emisión de CO2 que se les otorga gratuitamente cada año. Estaminoración, que el Gobierno aprobó en diciembre de 2007 y supuso sólo ese año 1.200 millones de euros, fue recurrida por las empresas ante distintas instancias judiciales y, según fuentes de lasmismas, el Supremo estaría a punto de dictar sentencia.

Todas estas medidas financieras o energéticas suponen la modificación de alguna ley, por lo que será necesaria un real decreto ley escoba que se tramitará por vía rápida en el Parlamento. El cambio de actitud de la nueva titular de Economía, Elena Salgado, que se ha avenido a negociar que los Presupuestos incluyan parte del coste de la tarifa eléctrica y que el Tesoro Público avale la colocación de la deuda sin titulizar y que, mientras tanto, financian La urgencia de las empresas y el cambio en Economía favorecen una solución freno a la deuda. El empeño de Sebastián de buscar un acuerdo con las eléctricas ha empantanado la situación, ya que Moncloa se opuso en enero al que el ministro de Industria selló en diciembre con el sector. Posteriormente, el retraso se achacó a las elecciones autonómicas y más recientemente, a la crisis de Gobierno. El vicepresidente económico saliente, Pedro Solbes, y su equipo, se habían mostrado reacios a trasladar a los Presupuestos del Estado parte del coste de la tarifa eléctrica y también a otorgar el aval del Estado al déficit sin titulizar, a lo que también se oponía el Banco de España.

El aval del Estado

Dada la situación financiera de las empresas, que están viendo lastrados sus balances en plena recesión, es precisamente el aval del Estado el que reclaman con mayor urgencia. Esta garantía no se otorgará a las eléctricas, sino al conjunto de los consumidores, que son los que deben pagar y no tienen personalidad jurídica.

Se trata del compromiso del Estado ante los bancos a respaldar la deuda que éstos adquirirán. De las tres subastas realizadas por la Comisión de la Energía, dos quedaron desiertas por falta de seguridad, según las entidades.

Gas Natural-Fenosa pone pegas al acuerdo final

Una de las condiciones que Industria ha impuesto a las eléctricas para firmar un pacto que ponga fin a la generación de nuevos déficit de tarifa, es que éstas firmen contratos favorables de suministro con las grandes plantas industriales. Concretamente, a las que aún mantienen una tarifa (la G-4, que desaparece en julio), que ya tienen listos sus contratos en el mercado libre con Endesa e Iberdrola. No así con Unión Fenosa, que acaba de pasar bajo control de Gas Natural trasla opa. Precisamente, la negativa de la gasística a asumir ciertos compromisos en su filial eléctrica podrían hacer peligrar una solución pactada sectorialmente, según fuentes empresariales. Aunque los responsables de Gas Natural han seguido de cerca todo el proceso, no se han incorporado oficialmente más tarde a las negociaciones y no han dispuesto hasta hace poco de toda la información financiera y económica de Fenosa.

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