Medio Ambiente enfría la batalla de los chiringuitos
Ejecutivo y empresarios buscan soluciones estudiando caso por caso.
Casa Eduardo, un chiringuito situado en la playa de las Tres Piedras en Chipiona (Cádiz), ha sido la primera víctima de la renovada aplicación de la Ley de Costas, que establece que no puede haber ninguna construcción en los primeros cincuenta metros del dominio público marítimo-terrestre.
Esta normativa, en vigor desde 1988, no ha sido aplicada hasta 2004, fecha en la que llegó al Ministerio de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que se impuso como objetivo completar el deslinde de los 50 primeros metros de los 9.000 kilómetros de litoral en España. En la primera legislatura, los principales afectados fueron los propietarios de las casas situadas en esa franja.
En esta legislatura, el seguimiento se ha extendido hacia los chiringuitos, a cuyos propietarios se les ha instado a sacar sus establecimientos de la playa y a trasladarlo a la zona de los paseos marítimos. Y para ello han argumentado que la mayoría de ellos está en situación ilegal, ya que no han renovado la concesión, con una duración de quince años, otorgada por la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, a principios de la década de los 90. Según sus últimos datos, de los 322 chiringuitos situados en las playas de Málaga, sólo 68 tienen concesión vigente, por lo que el resto está obligado a regularizar su situación.
Una apreciación que no comparte Norberto del Castillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, quién culpa a Medio Ambiente de haber creado esa situación al haber rechazado la renovación de las concesiones. 'No se han actualizado, pero la gente ha seguido trabajando y pagando el canon que establece la ley'. A esta federación están asociados 2.000 establecimientos (chiringuitos, alquiler de hamacas, instalaciones deportivas o náutica) situados en el litoral andaluz, que generan cerca de 40.000 empleos.
El riesgo de desaparición ha provocado un airada reacción por parte de sindicatos, empresarios y partidos políticos, que han acusado a Medio Ambiente de poner en peligro un sector que factura más de 5.000 millones de euros al año.
Tras varias semanas de duras acusaciones se ha alcanzado un principio de acuerdo para crear una mesa de negociación entre Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los empresarios, cuyos representantes se darán a conocer en cuanto se constituya el nuevo ejecutivo andaluz.
La consecución de un acuerdo parece, por lo tanto, más fácil. Medio Ambiente se ha comprometido a buscar alternativas, dentro del marco legal, que hagan compatible la actividad económica con el respecto al medio ambiente. De este modo estudiará caso por caso la situación de cada establecimiento, puesto que algunos tienen licencia, otros la tienen caducada y algunos han excedido los límites establecidos en distancias y superficies. Por su parte, los empresarios se han comprometido a sacarlos de la playa, siempre que se mantenga el contacto con la arena y que se renueven de forma automática las concesiones por otros quince años.
Límites y obligaciones que establece la ley
Artículo 23. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.Artículo 25. Sólo se permitirán en esa zona, las obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestreArtículo 33. Las edificaciones de servicio de la playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella con las dimensiones y distancias que reglamentaria se determinen (200 metros de separación entre cada instalación y 150 metros de superficie máxima, incluidos los servicios y sus accesos)Artículo 64. Toda ocupación de los bienes del dominio público marítimo terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado.Artículo 66. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y el plazo será el que determine el título correspondiente. En ningún caso podrán exceder de treinta años.Artículo 78. El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por vencimiento del plazo de otorgamiento, revocación por parte de la Administración cuando se trate de autorizaciones. Extinguido el derecho de ocupación, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada.Artículo 84. Todo aprovechamiento devengará el correspondiente canon a favor de la Administración del Estado. Están obligados al pago del mismo los titulares de las concesiones y autorizaciones mencionadas.
Cambios para evitar conflictos con la UE
La estricta aplicación de la ley de Costas desde que Cristina Narbona llegó a Medio Ambiente provocó la creación de una plataforma de afectados por la ley de Costas y el planteamiento de numerosas quejas ante el Parlamento Europeo, ya que muchos de los afectados por las expropiaciones de las casas eran ciudadanos europeos, en especial ingleses y alemanes, que habían comprado una segunda residencia en el litoral español. El gran número de reclamaciones propició un cambio en la ley de Costas, introducido a principios de febrero, de tal modo que los propietarios de casas situadas en el dominio público y construidas antes de 1988 podían vender sus casas. Hasta ese momento, la transmisión de la propiedad estaba prohibida y la ley otorgaba una concesión de 30 años para ocupar la casa, ampliable a otros 30.