Empleos subsidiados, ¿alguien da más?
A medida que la crisis se agrava, la caja del papá Estado se agota, y las comunidades autónomas no tienen más remedio que reordenar sus gastos y rascarse el bolsillo para atender al constante aluvión de desempleados que empieza a agotar su seguro de paro y que, según las cifras del Ministerio de Trabajo, son 300.000. Pero, según los sindicatos, podrían ser más del doble y con perspectivas de crecer en los próximos meses. De hecho, la media de cobro de la prestación por desempleo está situada en un año.
Los responsables económicos del Gobierno, encabezados por el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, llevan meses prometiendo pública y privadamente que el Ejecutivo hará los esfuerzos que hagan falta para mejorar la protección de todos los desempleados. Sin embargo, a la hora de la verdad, tanto el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como la nueva titular de Economía, Elena Salgado, han empezado a apelar a la 'responsabilidad' de las comunidades en este asunto, con el argumento de que son ellas las que tienen las competencias en políticas activas de empleo y gestionan la protección social asistencial.
Y es que por muy buenas intenciones que tengan en el seno del Ejecutivo para mejorar la protección a los parados, el margen presupuestario es limitado y, de momento, las cuentas públicas de este año ya van a tener que hacer un esfuerzo de más de 10.000 millones, provenientes de impuestos, para pagar las prestaciones contributivas por desempleo, porque los casi 20.000 millones procedentes de las cotizaciones de los trabajadores para financiar esta ayuda, no van a ser suficientes. Además, con esta prestación ocurre como con las pensiones, que la ley otorga al trabajador el derecho a cobrarla si ha cotizado lo suficiente y el Gobierno no puede escatimar o reducir este pago con un recorte presupuestario, sino que tendría que modificar la ley para disminuir esta prestación.
Algunas regiones han empezado a financiar el empleo de parados sin ayudas
Así, mejorar el segmento contributivo del desempleo resulta ahora poco menos que imposible. Tampoco la recaudación de las cuentas públicas atraviesa un momento boyante para mejorar los subsidios por paro. De ahí que desde el Ejecutivo se pida a las comunidades que arrimen el hombro. En este escenario, las regiones han empezado a recoger este guante, ya que, al fin y al cabo, está en su mano paliar la situación de este colectivo sin protección, y esto también puede traducirse en futuros beneficios electorales.
Castilla y León ha sido la primera comunidad en abrir el fuego, con la creación del programa Itinerario Activo de Empleo, con un presupuesto de 8,5 millones de euros para financiar una ayuda de 421,79 euros durante tres meses (prorrogables a otros tres) para los parados sin prestación y que participen en programas para recolocarse. La pasada semana se sumó Castilla-La Mancha con otra iniciativa en este terreno. Si bien en este caso, lo que ofrece el Gobierno del socialista José María Barreda son contratos laborales a parados que agoten la prestación por un mínimo de seis meses, para trabajar en puestos relacionados con los servicios públicos (jardines, asistencia social o pequeñas obras públicas). Para ello, Barreda, que aún debe negociar el plan con los ayuntamientos y los agentes sociales, quiere destinar alrededor de 32 millones, con los que podría contratar a los cerca de 10.000 parados de Castilla-La Mancha que, según sus cálculos, ya han agotado su prestación contributiva o lo harán en los próximos meses. El coste para el erario público de cada uno de estos puestos de trabajo será de 865 euros mensuales (765 euros de salario y 100 de cotizaciones sociales).
La Comunidad de Madrid también está negociando con los agentes sociales un paquete de medidas que incluye una fórmula de fomento del empleo similar a la castellanomanchega. Fuentes del Gobierno madrileño insisten en que su intención no es dar ayudas a fondo perdido a estos parados, sino vincularlas siempre a contratos laborales, también de seis meses de duración, como mínimo, y con retribuciones del entorno del salario mínimo interprofesional (624 euros mensuales). Asimismo, el tripartito catalán se ha comprometido a crear una prestación para los parados sin ayudas a cambio de participar en cursillos formativos para encontrar trabajo y que sería incompatible con la renta mínima de inserción que hay en Cataluña.
Y esto sólo acaba de empezar. Seguramente el resto de comunidades irán sumándose con iniciativas parecidas, lo que supondrá volver al empleo subsidiado que conoció su época de esplendor en crisis anteriores. Se trata, sin duda, de parches y no de soluciones, que no pueden alargarse en el tiempo sin el riesgo de desincentivar una verdadera reactivación de la economía.