Factura extra en las familias que viven la discapacidad intelectual
Las familias de personas que padecen discapacidad intelectual tienen que asumir un sobreesfuerzo económico de entre 19.000 y 31.000 euros al año. Así se afirma en un estudio realizado por el movimiento asociativo de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) con el patrocinio de Endesa, que fue presentado ayer en Madrid, y que quiere poner de manifiesto la 'especial relevancia' de estos datos en la actual situación de crisis económica.
El informe valora no sólo los gastos materiales, sino también las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, los desplazamientos y las pérdidas de oportunidades laborales que conlleva cuidar de un familiar con estas características. Por eso, Feaps señala que este índice de sobreesfuerzo económico 'mide lo que las familias y el movimiento asociativo está aportando de más a la financiación administrativa'.
Según esta investigación, si para complementar el 'esfuerzo financiador' de la Administración, una familia con un miembro con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de este familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, debería abonar de media 2,5 veces el salario mínimo al mes (625 euros), es decir, 1.800 euros. Además, el índice de sobreesfuerzo medio se sitúa en 19.271 euros anuales, que por grados de discapacidad intelectual varía entre los 993 euros al mes y los 2.958. Entre comunidades autónomas este indicador oscila de media entre los 21.896 euros al año y los 13.448 euros. Así, para un grado de discapacidad ligero, las familias gastan 11.920 euros anuales (993 al mes); para un grado moderado, 12.493 euros al año (1.041 euros al mes); para un grado severo en residencia, 17.161 euros al año (1.430 mensuales); para uno severo en hogar, 35.507 al año (2.958 euros al mes).
4.374 millones de euros cada año
Según Feaps, si se tiene en cuenta que en España viven en torno a 227.000 personas con discapacidad intelectual, ello significa que el conjunto de las familias está aportando un valor económico medio estimado en 4.374 millones de euros al año, lo cual supone en torno al 0,4% del PIB.Una de las principales conclusiones del informe es que las prestaciones de las comunidades autónomas no son homogéneas y, según Valls 'en muchos casos, las diferencias son injustificadas'. Estas diferencias de importe entre las medias de las prestaciones y las inferiores según el grado de discapacidad, van de los 2.700 euros al año hasta los 5.800.