Las concesionarias de las autovías reclaman a Fomento 1.000 millones

Las constructoras que se hicieron en 2007 con los diez primeros contratos de modernización y mantenimiento de las autovías de primera generación exigen compensaciones a Fomento al registrar un retraso medio de 12 meses en la aprobación de los proyectos, ejecución de las obras y cobro de peajes. Las empresas piden un incremento mínimo del 30% en los presupuestos de adjudicación, lo que supone una suma adicional de unos 1.000 millones.

Las compañías implicadas en la renovación y gestión de las autovías españolas de primera generación, construidas entre los años 80 y 90 y confiadas a manos privadas en el segundo semestre de 2007, están llamando a la puerta del nuevo ministro de Fomento, José Blanco, para tratar de salvar el negocio.

Firmas como Ferrovial, FCC, Acciona, ACS, Sacyr, OHL, Isolux, y todo un abanico de entidades medianas, manejan un documento interno, elaborado por la patronal Seopan, en el que responsabilizan a la Dirección General de Carreteras de poner en peligro la viabilidad de las diez autovías adjudicadas hasta el momento. En el capítulo de soluciones apuntan una actualización del plan económico financiero de cada una de ellas, 'incorporando los costes sobrevenidos relativos a modificaciones y mejoras requeridas por la Administración, refinanciación de proyectos y reducción del plazo contractual de los ingresos'. Las empresas estiman que esa reparación requiere 'un incremento medio del presupuesto de adjudicación de al menos el 30%'.

La exigencia de una reparación económica -con la extensión de los plazos de concesión o una subida de tarifas- responde a los problemas de tramitación y aprobación de proyectos que padecen las constructoras. El presupuesto de licitación de los diez tramos fue de 5.503 millones y tras el proceso de selección de las empresas la cifra de adjudicación cayó hasta 3.241 millones. Un 30% de esta última alcanza 972 millones, cantidad mínima que solicitan a Fomento.

El plan de autovías de primera generación fue implementado por el Gobierno para remodelar las infraestructuras públicas con financiación privada. A cambio de ese esfuerzo económico, las constructoras gozan de un plazo de 19 años para conservarlas y explotarlas bajo el modelo del peaje en sombra (paga la Administración y no el usuario).

Retrasos

El presupuesto de las actuaciones en cada uno de los diez tramos (1.521 kilómetros) se divide en tres bloques: el primero, al que se van a dedicar 1.083 millones, incluye las obras de reforma y primer establecimiento; el segundo se refiere a grandes reparaciones, y el tercero a los trabajos de conservación de la infraestructura.

Las obras del primer bloque, en los que se estima la participación de unos 10.000 trabajadores, requieren que las adjudicatarias redacten un proyecto y que la Administración de luz verde. Según el informe, las reformas (292,6 millones) tendrían que haber estado aprobadas en julio de 2008, pero a finales del ejercicio sólo el 31,4% del presupuesto tenía proyectos con el visto bueno. En cuanto a ejecución, el próximo mayo estaba previsto que estuviera el 100%, pero en el arranque de este año sólo estaba ejecutado el 17,5%.

Sobre las obras de primer establecimiento (790,5 millones), el pasado verano iban a estar todos los diseños de trazado aprobados y la realidad a finales de año fue que sólo había salido adelante el 4,1% del trazado. 'El origen de los importantes retrasos ocurridos es consecuencia del ineficiente esquema de tramitación y aprobación de proyectos, implementado por la Dirección General de Carreteras', cita el documento.

Las constructoras ya invierten recursos propios en la conservación de estas autovías desde diciembre de 2007. Y es que, según denuncian, los bancos 'no realizan disposición de crédito alguna en tanto no estén aprobados la totalidad de los proyectos'.

Más plazo para gestionar o tarifas más caras

Las constructoras se sirven del artículo 248 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para solicitar el reequilibrio económico de sus concesiones. El artículo habla de distintas medidas como la ampliación del plazo concesional o la modificación de las tarifas.Otra petición de peso es la rectificación de los pliegos que se usarán en la licitación de los seis tramos de autovía pendientes. æpermil;stos sumarán 1.500 millones de inversión.Las empresas persiguen que se nombre a un único interlocutor de la Dirección General de Carreteras con capacidad de decisión. El objetivo es 'conseguir la aprobación de los proyectos en el menor plazo posible'.Las remodelaciones que han presentado pasan por el inspector de la concesión, la Jefatura de la Demarcación de Carreteras, la Unidad de Autovías de Fomento y por la Subdirección General de la Dirección de Carreteras. Las constructoras ven 'ineficiente' este esquema de tramitación.La fórmula para computar los ingresos de las concesionarias tampoco convence. La industria está en contra de que se calcule el tráfico en término de vehículos equivalentes. Es decir, quieren que cada camión sume como un vehículo ligero. De este modo las concesionarias pueden anotarse más tráfico antes de alcanzar el umbral máximo a partir del que no ingresan.Los retrasos en la aprobación de los proyectos de remodelación de las autovías está obligando a una reformulación de los contratos con las entidades financieras que han apoyado las inversiones.

Ofertas millonarias

Los tramos licitados en 2007 corresponden a las autovías A-1, A-2, A-3, A-4 y A-31. Entre las grandes, Sacyr comprometió una inversión de 475 millones, OHL invertirá 402 millones, FCC se juega 276 millones y Acciona ofertó por su tramo 263 millones.