Castilla y León se compromete a pagar las certificaciones de obra en tres días
Aportar liquidez y reducir los costes financieros de las empresas que contratan obra pública con la administración regional. Esos son los dos objetivos que persiguen las medidas contra la crisis económica puestas en marcha por el Gobierno de Castilla y León. Entre ellas destaca el hecho de que las constructoras podrán agilizar el procedimiento de cobro de las certificaciones de obra, que se reduce de 60 a tres días. Además, la Junta de Castilla y León decretó la eliminación de las garantías provisionales que venían exigiéndoles las entidades financieras a las constructoras hasta ahora. Estas medidas, aprobadas por un grupo de trabajo en el que han participado la Consejería de Hacienda y la Cámara de Contratistas regional, ya han sido remitidas en sendas cartas a los titulares de Economía, Elena Salgado, y Fomento, José Blanco, para que estudien su posible implantación en todo el territorio nacional.
La agilización del procedimiento de cobro de las certificaciones supondrá, en la práctica, que las empresas podrán obtener el dinero en un plazo mucho más breve del actual en cualquiera de las 28 entidades financieras con las que el Gobierno regional ha suscrito el correspondiente convenio, beneficiándose con ello de importantes ahorros financieros.
Una segunda medida se refiere a la eliminación de la obligatoriedad de aportar garantías provisionales en los contratos de obra por parte de las empresas, que actualmente suponen un coste cercano al 3% del presupuesto de licitación, según los cálculos de la Consejería de Hacienda. Por ello, sólo con esa eliminación las constructoras se ahorrarán unos 2,5 millones.
Finalmente, el plan obliga a la administración autonómica a reducir de dos a un mes el plazo previsto en la ley de Contratos del Sector Público para acordar la devolución o cancelación de las garantías definitivas presentadas por los adjudicatarios de los contratos de obra.
Este plan contra la crisis se suma al aprobado a principios de este año, que preveía un anticipo de la obra pública licitada por el Ejecutivo regional por valor de 1.011 millones a lo largo del primer trimestre del año con cargo a los presupuestos autonómicos de 2009. Ese umbral se ha superado y ha alcanzado los 1.050 millones, de los que 870 millones irán destinados a obra pública, 170 a centros hospitalarios.
