Laboral

150 ex empleados de Babcock piden volver a la empresa tras dos sentencias judiciales

Babcock Borsig, la antigua Babcock Wilcox Española (B&W), puede experimentar su enésimo proceso de reconversión. Más de 150 trabajadores, de un total de 258 sujetos a un ERE aplicado en 2004 y declarado 'no ajustado a derecho' en dos sentencias similares, han solicitado su incorporación a la plantilla del fabricante vasco de bienes de equipo.

Las consecuencias de las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid empiezan a visualizarse. Un colectivo formado por más de 150 trabajadores que pertenecieron a la plantilla de Babcock Borsig, han solicitado estos días a la empresa que de cumplimiento a la sentencia e inicie el proceso para su reincorporación.

La resolución judicial será recurrida por Borsig y, también, por la SEPI, titular de la antigua Babcock Wilcox Española (B&W) y que adjudicó a Borsig sus activos laborales y materiales. El grupo público ha sido parte en los autos.

La maquinaria ya se ha puesto en marcha. Los representantes legales de algo más de 150 trabajadores han enviado un requerimiento a Borsig, vía burofax, para que se ejecute la sentencia a pesar de que las resoluciones no son firmes. Aseguran, que en cualquier caso, se puede aplicar la ejecución provisional.

La empresa y la SEPI, que ha sido parte en los autos, tienen previsto interponer recurso ante el Tribunal Supremo por la resolución

La raíz de este conflicto tiene su origen en un expediente de regulación de empleo con extinción de contratos (ERE) para 258 trabajadores solicitado por Babcock Borsig en 2004. El expediente, recurrido por varios trabajadores de la empresa, fue aprobado por la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, que entendía del asunto al contar el fabricante de bienes de equipo con centros en varias comunidades autónomas. Esta aprobación, según ha resuelto ahora en sendas sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 'no se ajustó a derecho' al no presentar Babcock Borsig toda la documentación necesaria, entre ellos su plan estratégico y de negocio, que acreditase la necesidad de la aplicación del ajuste laboral.

Mejorar el ERE

Fuentes consultadas aseguran que los trabajadores que iniciaron las reclamaciones y que ahora esgrimen el auto judicial para solicitar su reincorporación a la plantilla, pretenden conseguir una mejora de las condiciones del ERE. Añaden que la propuesta que se realizó en el expediente de regulación de 2001, cuando la compañía estaba bajo la tutela pública e iniciaba el proceso de privatización tras recibir el visto bueno de las autoridades comunitarias, era sensiblemente mejor que el presentado en 2004 y denunciado en los juzgados. Este último ERE fijó topes de indemnización que afectaron, fundamentalmente, a los cuadros con mayores salarios, pero mantuvo en su mayor parte las condiciones para la plantilla que se acogió a las prejubilaciones a las 52 años.

El asunto, en cualquier caso, tiene todavía recorrido procesal. Los asesores legales del colectivo de trabajadores aseguran que antes de final de mes la empresa deberá proceder a cumplir la sentencia y readmitir a los empleados que han ganado, de momento, los recursos judiciales. De no hacerlo, señalan, se consideraría un 'despido tácito', lo que obligaría a una nueva reclamación, esta vez ante los juzgados de lo social, al considerar que se rescinde 'improcedentemente' la relación laboral y se estimaría el despido como 'nulo'. Este extremo es cuestionado por otros letrados quienes aseguran que la empresa, Babcock Borsig, podría readmitirlos para posteriormente despedirlos, o bien presentando un nuevo ERE o indemnizando a los trabajadores con 45 días por año, lo que en algunos casos podría suponer peores condiciones que las aplicadas en el expediente puesto en marcha en 2004.

La pelota puede pasar ahora al Tribunal Supremo, si finalmente Babcock Borsig y la SEPI deciden interponer recuso de casación.

Una riada de ayudas públicas

Babcock Borsig, con sede en Trápaga (Vizcaya), ha recibido en todas sus denominaciones una riada de ayudas públicas. Cuando estaba bajo el paraguas de la SEPI recibió del holding público ingentes inyecciones de recursos para sanear su balance y proceder a ajustes de plantilla, vía bajas incentivadas y prejubilaciones, que permitieran mantener la actividad de fabricación de bienes de equipo.

En 2001, cuando se decide su privatización tras pactar con Bruselas importantes subsidios de Estado para el saneamiento de su pasivo laboral y financiero, el propietario que se encontró, Babcock Power España, resultó un fiasco al entrar en quiebra la cabecera del grupo situada en Alemania.

La SEPI tuvo que retomar la tutela de la compañía para traspasarla al holding austriaco ATC. Se inició entonces un nuevo proceso de reducción de plantilla con más ayudas institucionales y cuestionado ahora por los tribunales.

Ahora, a la espera de la posible incorporación de 258 trabajadores, apenas supera los 400 empleados.

Cumplir el auto

Los representantes legales del colectivo de trabajadores aseguran que antes de final de mes la empresa debería iniciar los trámites para cumplir el auto judicial antes de final de mes y readmitir a los empleados, a pesar de que el fallo puede ser recurrido en casación.