Los puertos descubren las leyes del mercado
Ofensiva del Gobierno para introducir competencia en los muelles.
Convertir los puertos españoles en instrumentos que faciliten el comercio en lugar de, como sucede a menudo, torpedearlo, es el objetivo que persigue el Gobierno con la modificación de la popularmente llamada ley de puertos. No lo tendrá fácil: la pasada legislatura ya lo intentó sin éxito. Ahora deberá hallar apoyos políticos por su debilidad parlamentaria y, a buen seguro, encontrará -de hecho ya tiene- la oposición de los estibadores, cuyos sindicatos han demostrado siempre una gran fortaleza y capacidad de movilización.
El proyecto de ley para modificar la ley de puertos de 2003 ofrece mayor autonomía a cada una de las 28 autoridades portuarias que existen en España para fijar las tasas. Actualmente, son las mismas en todo el territorio y se establecen a partir de un cálculo aritmético que impide tener en cuenta las peculiaridades de cada puerto. Con el nuevo modelo propuesto, la autoridad portuaria podrá establecer sus tarifas y se creará una suerte de competencia entre los distintos puertos. Fomento espera que, con ello, la gestión de puertos gane en eficiencia y responsabilidad porque el atractivo de un embarcadero dependerá en buena medida de si la autoridad portuaria es capaz de trabajar con precios competitivos. El asunto no es baladí: por los puertos pasa el 80% de las mercancías que entran en España y el 50% de las que salen. Por ello, mejorar la gestión portuaria equivale a fortalecer la posición comercial de España.
Las tasas que cobra la autoridad portuaria representan el 25% del coste total del paso de las mercancías por un puerto. Otro 65% se debe a los trabajo de estiba y desestiba, es decir, la carga y descarga de los buques. Se trata de una actividad caracterizada por un régimen laboral especial, que algunos tildan de privilegiado, corporativo y endogámico, por sus altos sueldos, y porque para ser estibador no hay nada mejor que ser hijo de uno. 'Trabajamos con el teléfono encendido los siete días de la semana', se defienden desde la Coordinadora de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario de estibadores, donde UGT y CC OO juegan un papel menor.
La reforma del Gobierno establece que las empresas de estiba deberán mantener, como mínimo, un 25% del personal necesario para cubrir las jornadas de trabajo en régimen laboral común, es decir, fijos. Ya existe una orden ministerial en ese sentido, pero no se cumple. El modus operandi de este sector es muy peculiar y funciona como las empresas de trabajo temporal. La mayoría de compañías de estiba no tienen trabajadores fijos y cuando requieren mano de obra acuden a lo que denominan pool, el órgano que aglutina a los estibadores, controlado por el sindicato.
Funcionan de tal manera que todas las empresas que operan en el muelle están sujetas a una misma estructura y organización, lo que impide la diferenciación entre ellas o, lo que es lo mismo, la competencia, según fuentes de Puertos del Estado. Ello provoca una situación paradójica y fuera de toda lógica de mercado, donde 'es la demanda quien debe adaptarse a la oferta'. Para fomentar que se cumpla la normativa, el proyecto de ley prevé que aquellas empresas que mantengan a más trabajadores fijos (ajenos al pool controlado por los estibadores) partan con ventaja para acceder a las concesiones.
El sindicato argumenta que los cambios provocaron despidos, pero Puertos lo niega tajantemente. En cualquier caso, la fortaleza sindical de la Coordinadora hace prever paros. Los estibadores, como ya demostraron recientemente, tienen capacidad para detener la actividad de cualquier puerto.
Competencia critica la exclusividad y el régimen laboral de los estibadores
El proyecto de ley presentado al Consejo de Ministros a finales de marzo ha recibido fuertes críticas por parte de la Comisión Nacional de Competencia, quién cuestiona en un informe los escasos avances realizados en la liberalización del modelo de servicio de manipulación de mercancías y la vuelta a la titularidad pública de los servicios públicos.En primer término, la Comisión considera que el sistema de exclusividad de los estibadores y su régimen laboral 'supone un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes del servicio prestado'. En segundo lugar, cuestiona la conveniencia de la titularidad de los servicios portuarios, que a partir de ahora se pasarán a prestar en régimen de gestión indirecta por los operadores privados, pudiendo prestarlos la respectiva autoridad portuaria de concurrir ciertas condiciones.El informe también critica la falta de incentivos para ser eficientes, lo que puede provocar que los costes se trasladen de forma directa a las tasas y los servicios se encarezcan.
La reforma
Los cambiosTarifas: cada puerto, según su estructura de costes y beneficios, fijará su propia tasa, la tarifa que pagan los usuarios de los puertos. Por lo tanto, los distintos muelles españoles entrarán en competencia.Estibadores: el Gobierno reforzará la obligación de las empresas estibadoras de mantener, como mínimo, el 25% de la plantilla que precisan en el régimen laboral común. Las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de incrementar este porcentaje.Autopistas del mar: se trata de impulsar un proyecto a nivel europeo, que ya está en marcha, con el fin de incentivar que el comercio terrestre opte por la vía marítima.