La CE propone que las administraciones públicas paguen en un plazo máximo de 30 días
La Comisión Europea (CE) ha sugerido hoy que las administraciones públicas paguen por norma sus facturas en un plazo máximo de treinta días o bien que abonen intereses.
La propuesta de Bruselas tiene por objeto "mejorar la tesorería de las empresas europeas", aspecto especialmente importante en tiempos de crisis económica, y favorecer el buen funcionamiento del mercado interior. Así, propone una compensación por los costes de cobro y una compensación a tanto alzado equivalente al 5% de la cantidad adeudada, a aplicar desde el primer día de retraso, aunque señala que en los casos debidamente justificados, podrán alargarse los plazos de pago.
Esos objetivos se conseguirán poniendo a disposición de los acreedores los instrumentos necesarios para que ejerzan plena y eficazmente sus derechos cuando no cobran a tiempo y aplicando a las administraciones públicas medidas que las disuadan de no pagar en los plazos establecidos.
De este modo, Bruselas pretende aliviar la morosidad en las transacciones comerciales entre las empresas o entre estas y los poderes públicos, una circunstancia que, en opinión de la CE, "ha mejorado" en los últimos años en el seno de la UE, pero que continúa frenando el desarrollo de las empresas e incluso provoca quiebras de empresas viables, especialmente pequeñas y medianas (pyme).
Cambios en la Directiva de morosidad
En este sentido, la CE reconoce que, hasta ahora, el comportamiento de los poderes públicos en materia de pagos "tampoco ha sido encomiable" por lo que, basándose en un compromiso de la 'Small Business Act' (Ley de la Pequeña Empresa) propone introducir cambios sustanciales en la Directiva sobre la morosidad de 2000.
"No debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas. La propuesta de hoy supone una importante contribución para superar la crisis económica, ayudando a evitar nuevas quiebras y favoreciendo la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo", declaró Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Empresa e Industria.
Por otro lado, los cambios propuestos mantienen la libertad de contrato en las relaciones entre empresas, pero en caso de morosidad éstas podrán reclamar intereses de demora y una compensación por los costes de cobro. Asimismo, se endurecerán las normas sobre los contratos manifiestamente abusivos.