Más libertad de mercado en el comercio
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha elaborado un informe sobre los efectos de la Ley de Comercio Minorista en el sector desde su aplicación en 1994 y concluye que en vez de dar margen a la competencia la ha restringido, con efectos perversos para el empleo, los precios y los derechos de los consumidores. Por ello, aprovecha la transposición de la Directiva de Servicios que pretende aplicar el Gobierno antes de que concluya este año para remover los obstáculos enquistados en el sector y liberalizarlo.
Los demoledores datos que aporta sobre la evolución de la estructura del comercio minorista aconsejan un cambio radical en la regulación, ahora dispersa en manos de las comunidades autónomas, e incluso ayuntamientos, lo que ha generado de hecho la existencia de mercados regionales que poco tienen en común. El comercio tradicional, que con la ley de 1994 pretendía ser protegido de las grandes superficies, conserva hoy una presencia testimonial: del 13% de la superficie de venta ha pasado al 4,4%. Las grandes superficies, el vendaval que había que frenar por la presión política en 1994 de los nacionalistas de CiU y el PNV, han pasado del 30% de cuota de mercado a sólo el 22,5%. Y los supermercados medianos y grandes instalados en los cascos urbanos han pasado del 25% al 52%.
Esta evidencia, también destacada por un informe del Banco de España al que hace referencia la propia CNC, es consecuencia de los altos grados de regulación, especialmente la exigencia enfermiza de segundas licencias que suponen barreras de entrada en el mercado para los nuevos operadores y que sólo beneficia a los ya instalados. Tal regulación atenta contra la competencia, puesto que es un ejercicio para eliminar jugadores, y únicamente genera precios más altos, pérdida de renta para los consumidores y menor uso del factor trabajo en el sector, que supone nada menos que el 18% del valor añadido de los servicios.
El informe de Competencia es enérgico en las recomendaciones, pese a que no son de obligado cumplimiento. Pero no tiene mucha defensa que se precisen 13 años para darse cuenta de que una norma vulnera la competencia para proponer enmendarla. Basta una simple reflexión para entender que abrir el periodo de rebajas a los 365 días del año permite plena libertad de precios -descuentos, si así lo desea la empresa, todo el año-, siempre que no se vulnere la obligación de no vender a pérdida que establece la ley.
Y es una evidencia palmaria que poner obstáculos a nuevos oferentes (comerciantes), como practican las comunidades autónomas para proteger a colectivos de tenderos de productividad cuestionable, limita las posibilidades de la demanda (consumidores) y retarda las bajadas de precios. El Gobierno debe aplicar cuanto antes estas recomendaciones de la CNC, rescatando la unidad de criterio y de mercado que han roto las comunidades, para que sus efectos no se demoren otros 13 años.