Tras la intervención llegó la calma
La calma fue la tónica común ayer en las 580 oficinas de CCM. Salvo alguna excepción de personas que acudieron a retirar fondos, la mayoría del millón largo de clientes optó por el sosiego, por lo que no se produjeron las temidas colas delante de la ventanilla reclamando reembolsos. Incluso han ganado en tranquilidad a tenor de las declaraciones de los que se acercaron a realizar alguna gestión. A su entender, la intervención del Banco de España y la garantía del Estado con un aval de 9.000 millones de euros despeja cualquier duda sobre un posible quebranto con sus ahorros.
Esta normalidad es la mejor muestra de que el Banco de España ha tomado la decisión correcta al destituir al consejo de la caja que presidía Juan Pedro Hernández Moltó y nombrar a tres inspectores del organismo para gestionar la entidad. Es cierto que podría haber actuado antes, pero es de agradecer que haya agotado los intentos de reflotarla mediante una fusión con otra entidad. Pero con la frustración de la operación con Unicaja, la intervención era la mejor, si no la única, de las opciones. Y así quedó ayer patente con el apoyo que expresaron al organismo regulador los partidos políticos, la patronal y los sindicatos y los propios trabajadores de la caja que confían en que con la intervención se garantice la viabilidad de su empresa.
El supervisor debe, en todo caso, despejar las dudas respecto a las decisiones tomadas en la caja, y aquellas que como flamante administrador de la entidad está obligado a tomar. El vicepresidente Pedro Solbes ya admitió ayer que no se han producido 'anomalías' en la gestión, aunque no descarta que algunas decisiones hayan sido equivocadas, en referencia a su alta exposición al sector inmobiliario y otras aventuras de inversión poco ortodoxas.
Pero si este tipo de operaciones han colocado a la CCM en una posición de dudosa solvencia, algo que puede sospecharse tras la renuncia de Unicaja una vez realizada una exhaustiva due dilligence a su balance, debe ser comunicado a los contribuyentes que desde ayer garantizan con su aval depósitos e inversión en las ventanillas de la caja manchega. Además, debería ser cuantificada cuanto antes la necesidad de capital y la fórmula ideada para equilibrar sus ratios y despejar dudas sobre su estabilidad futura.
De momento parece que el susto de CCM ha precipitado la reforma de la ley de cajas que defiende el supervisor, y que debe salir adelante para que tras esta crisis el sistema financiero quede definitivamente profesionalizado. Para ello deben salir los políticos y todas sus influencias y prácticas de los consejos de administración de las cajas, para garantizar que sus decisiones de inversión responden a un ideario de rentabilidad y no a caprichos partidistas. La banca española se ha ganado fama de profesionalidad y solvencia y no cabe en su seno un nicho reservado al compromiso político, muchas veces sinónimo de riesgo financiero mal medido.