Barclays renuncia a poner sus activos tóxicos bajo protección oficial
El banco británico Barclays anunció hoy que no acudirá al Plan de Protección de Activos del Gobierno británico, al considerar que sus finanzas "cumplen los requisitos de capital impuestos por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, en inglés)".
En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, el tercer banco del Reino Unido señaló que ha tomado esta decisión después de que la propia FSA dictaminara la semana pasada que el banco cuenta con los requisitos de capital necesarios para hacer frente a la crisis y a un eventual empeoramiento de la misma.
Por ello, Barclays indicó que la participación de la entidad en este programa -con la que el Estado habría entrado en su accionariado- "no respondería a los intereses de los inversores, accionistas y depositarios del banco".
El anuncio se produce un día antes de que cumpla el plazo dado por el Ejecutivo a las entidades para poner sus activos de dudoso cobro bajo protección oficial. Al contrario que Barclays, el Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds Banking Group sí han aceptado recibir el apoyo del Estado, aún a costa de tener que ceder el control de la entidad.
El RBS puso bajo protección estatal 325.000 millones de libras (350.000 millones de euros, al cambio actual), por lo que tuvo que pagar un honorario de 6.500 millones de libras, en forma de acciones preferentes. Por su parte, Lloyds aseguró 260.000 millones de libras (280.000 millones de euros), en una acción por la que tuvo que desembolsar cerca de 15.600 millones de libras, el 5,2 por ciento de los activos protegidos.
Tras estas dos operaciones, el Estado británico controla casi el 70 por ciento del RBS y el 65 por ciento del Lloyds. Barclays, sin embargo, ha renunciado a aumentar sus fondos por medio de cualquier tipo de ayuda estatal en reiteradas ocasiones, para tratar así de mantener su independencia con respecto al Gobierno.
Para captar fondos, la entidad ha preferido recurrir a un grupo de inversores del golfo Pérsico para llevar a cabo una ampliación de capital de hasta 7.300 millones de libras (7.800 millones de euros).
El Programa de Protección de Activos fue puesto en marcha por el Gobierno de Gordon Brown el pasado mes de febrero, con el objetivo de garantizar los activos tóxicos de los bancos del Reino Unido y permitirles, así, que puedan seguir concediendo préstamos y se recupere la confianza en la economía.