Necesarias, pero no suficientes
El Gobierno dio el viernes un nuevo paso en su lucha contra la crisis con la aprobación de otro paquete de emergencia. Lo ha denominado 'medidas de impulso económico y reforma estructural' y a diferencia de los anteriores no supone un desembolso para las arcas públicas, sino más bien reformas legales de mayor o menor calado. En este sentido, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se apresuró a matizar que, aunque el Gobierno ya no tiene margen para adoptar nuevas medidas que impliquen coste fiscal, en ningún caso supone que no seguirá gobernando para atajar la recesión. El bloque del viernes es un claro ejemplo de esta otra vía.
El plan se compone de un proyecto de ley que transpone la Directiva comunitaria de Servicios y un real decreto ley con varias medidas inconexas entre sí. Ambos van en la buena dirección, eran necesarios y seguro que contribuirán a suavizar la crisis con más eficacia. Sin embargo, el nombre de 'reforma estructural' resulta excesivo. En definitiva, la transposición de la directiva ya ha sido presentada hace meses por el Gobierno y ahora se limita a enviar el texto articulado a las Cortes. Lo que no reduce en nada su valía, pues implica una de las mayores reformas que el sector terciario ha padecido en España, aunque haya venido de la mano de la UE.
La nueva legislación de servicios busca un cambio histórico, como señaló Solbes, ya que pretende diluir la filosofía, muy española, de pedir autorización previa para instalar cualquier negocio. Eso tiene los días contados y, a cambio, se controlará a posteriori la actividad. Claramente es un avance que debe ser celebrado, al igual que la transformación de los colegios profesionales que perderán muchas potestades que en la práctica restringen la libre competencia entre el millón de profesionales amparados bajo su tutela. Por contra, el texto que el Gobierno remitirá en los próximos días al Parlamento nace cojo, pues ha dejado al margen lo relativo a la distribución comercial. La fuerte presión de las comunidades autónomas -que tienen transferida la materia- ha obligado al Ejecutivo a negociar una segunda norma, la Ley de Comercio Interior. El Ministerio de Industria, encargado de la negociación, choca con la negativa de algunos Gobiernos regionales a eliminar el requisito de la segunda licencia.
La liberalización pretendida de los mercados de los servicios tardará, por tanto, un tiempo en ver la luz, a expensas del trámite parlamentario que le espera. Y la actual debilidad del Gobierno en las Cortes abre una incertidumbre muy justificada sobre el resultado final. Afortunadamente, las medidas incluidas en el real decreto ley tienen la virtud de su inmediatez, justificada en parte por su carácter coyuntural. Especialmente la reforma de la Ley Concursal, probablemente la de mayor calado de las incluidas en el paquete. La crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias de la norma aprobada en 2004 y los profesionales del derecho y las entidades financieras han venido demandando la corrección que ha sido finalmente acometida con gran acierto.
Las otras medidas aprobadas el viernes -el reaseguro de los seguros de crédito por parte del Consorcio de Compensación de Seguros; la reducción de los tipos de interés legal del dinero y del de demora; más garantías para los inversores en emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado y mantener las deducciones en Sociedad por I+D+i- son afortunadas y vienen a dar más seguridad a las empresas.
Pedro Solbes anunció el viernes que habrá más reformas en los próximos meses. Es de esperar, pues las aprobadas por el último Consejo de Ministros, por necesarias que sean, no son las únicas que precisa la economía española para ganar en competitividad. Quedan pendientes reformas de verdadero calado, que seguramente no tendrán un efecto real sobre la actividad hasta que no se haya estabilizado la economía, pero que tienen que estar presentes en la agenda del Gobierno. Es necesario modificar las deficiencias del mercado laboral; establecer un modelo energético estable, eficiente y asequible y abaratar las telecomunicaciones, los transportes y la distribución comercial. Pero también hay que modificar el sistema educativo para estimular el esfuerzo y elaborar una política industrial que incentive la aparición de nuevos emprendedores, además de reforzar los mecanismos de financiación de la Seguridad Social para hacer frente al envejecimiento de la población, y exigir más calidad a la inversión pública. Una tarea que exige la complicidad de la oposición y de los agentes sociales.