COLUMNA

El asalto número nueve del Gobierno

El 27 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de 'Medidas de impulso económico y reforma estructural' con el que intenta, una vez más, frenar el deterioro del nivel de actividad económica y la reducción de empleo. La presentación, más bien apresurada, destaca por las ambigüedades y obviedades que aparecen en la primera página y deslucen algunas buenas intenciones.

Así, se menciona en la primera línea de texto que 'se eliminarán las autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean desproporcionadas', pero, al no precisar quién determina lo que es interés general, o lo desproporcionado, da la impresión de que nada cambiará.

Son obviedades la mención a que se realizará un examen de todos los requisitos existentes, pero no se precisa lo que salga del examen. Se menciona, ambiguamente, que 'refuerza los derechos y protección de los consumidores' como si no fuera esa la misión de las normas. Se dice que, 'en términos generales, se eliminan autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos', con lo que la 'o' que prescinde de eliminar las autorizaciones da a entender que se mantienen las autorizaciones.

La misma imprecisión aparece sobre el aumento de garantías para los inversores en emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado, donde la frase: 'En caso de producirse un impago en una de las emisiones avaladas por el Estado el inversor recibirá una compensación por el tiempo que transcurra entre el impago por parte del emisor y el pago por el Estado de las cantidades avaladas'. Las preguntas: ¿cómo se determina la compensación?, ¿con qué demora se pagará? Como quiera que la confianza es la carencia principal del momento, esa imprecisión hace poco por el atractivo de la noticia.

Por otra parte, la mención de que el Estado participa en el reaseguro de las operaciones de seguro de crédito, resaltando la orientación hacia las pymes, es oportuna y, por tanto, bienvenida. El pero está en lo que deja en el aire: 'La medida se articulará a través de la firma de un acuerdo entre el Consorcio de Compensación de Seguros y Unespa, al que se adherirán las entidades aseguradoras Las condiciones básicas de esta cesión serán definidas con el objeto de garantizar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo'. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuáles son esas condiciones? Al menos se precisa que en esa medida se podrán incluir las operaciones aseguradoras (sic) en vigor desde el 1 de enero de 2009.

Se reforma la ley concursal, lo que es aconsejable en el momento actual, y además parece orientarse a eliminar problemas reales. No obstante, hoy por hoy, la acumulación de expedientes bloquea los juzgados y la reforma de la ley requiere tiempo, con lo que podría ocurrir que entrara en vigor cuando la coyuntura económica ya se hubiera modificado.

La rebaja de los tipos de interés legal y de demora es significativa, pasa del 7% al 5%, pero queda en el mismo nivel que el de los años 2005 y 2006 y lo mismo ocurre con el interés legal, lo que parece poco acorde al momento y al nivel en que está el euríbor. Por otra parte se modifica la deducción por actividades de I+D+i en beneficio de las empresas, a lo que poco hay que objetar, aunque sea difícil sustraerse a la tentación de recordar que debió hacerse mucho antes.

La confianza está de capa caída, lo que no es privativo de España sino una característica del momento en todo el mundo. Cuando se la ha perdido cuesta mucho recuperarla, por lo que hay que extremar el cuidado en evidenciar que se sabe exactamente lo que se quiere, cómo se va a conseguir y, a ser posible, cuándo. Por eso, la enumeración de acciones sin calendario, con flecos sueltos y expresiones que permiten interpretaciones diversas deja en una enumeración de intenciones que, antes o después podrían convertirse en algo útil pero que por el momento no pasan de una expectativa que podría materializarse cuando ya no fuera un remedio o no fuera necesaria.

Muchos pensarán que la resolución del problema de los pagos de las Administraciones públicas, especialmente de las locales, es más visible y acuciante -al menos para los muchos afectados- que lo aportado, si bien esto afecta a muchas más empresas. Sin embargo es lo que hay y lo deseable es que se consiga pronto.

Joaquín Trigo. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional