La Eurocámara pide la retirada de fondos a España si no corrige el 'urbanismo salvaje'
El Parlamento Europeo censuró ayer los abusos que a su juicio se han dado en el desarrollo urbanístico español de los últimos años y llamó a todas las autoridades del país a tomar medidas para acabar con ellos.
La Eurocámara aprobó con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el polémico informe de la danesa Margrete Auken (Los Verdes), que además de denunciar los excesos de la construcción, amenaza con castigar a España congelando algunos de los fondos europeos que recibe. El texto recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, 'puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa'. Las dos principales fuerzas españolas, el PP y el PSOE, aseguraron tras la votación que el dinero no peligra para España (el informe no es vinculante), pero criticaron ese párrafo que los socialistas calificaron como un 'chantaje'.
Los dos partidos habían presentado sus propios informes alternativos, que fueron rechazados con claridad por la Eurocámara. El texto de Auken, que se aprobó finalmente con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE, es muy crítico con el urbanismo en España y considera que en el país se 'ha generado una forma endémica de corrupción'.
De los problemas responsabiliza a todos los niveles de la administración, por impulsar un modelo de 'desarrollo insostenible', al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que 'no están debidamente preparadas' para responder a los abusos. Por ello, exige medidas como la derogación de 'todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador' y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario. Los eurodiputados quieren también que se revisen 'los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente'. El documento critica duramente el impacto medioambiental que ha tenido el desarrollo urbanístico.