Los peligrosos recortes de inversión
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) va a pedir explicaciones a Enel por su intención de recortar a la mitad las inversiones que su filial Endesa tenía previstas para el próximo quinquenio. En concreto rebajará desde los 24.000 millones de euros anunciados hace un año hasta 13.500 millones aprobados en su nuevo plan estratégico. La eléctrica española tiene por ley la obligación de invertir en distribución para mantener en correcto uso las redes e incluso ampliarlas, lo que justifica el interés de la CNE por los planes de Enel en España. Después de todo se trata de una empresa que trabaja en un sector regulado que incluso suministra en exclusiva en algunas zonas tan sensibles como los dos archipiélagos.
No obstante, la decisión de la eléctrica pública italiana no es una excepción y se suma a la de grandes multinacionales españolas. Repsol, por ejemplo, rebaja su inversión un 12%, si bien concentra los recortes en yacimientos fuera de España.
No cabe la menor duda de que estos recortes tienen su lógica empresarial. La fuerte recesión obliga a todas las empresas -grandes y pequeñas- a ajustar sus partidas, incluida la inversión. Además, la fuerte caída de la demanda exige que todas ellas adapten su capacidad productiva. Sin embargo, tampoco se debe olvidar que las actuales inversiones son la garantía del futuro, del modelo para el día después de la recesión. Afortunadamente los planes estratégicos se revisan cada año, lo que permite ir adaptando los fondos en función de la evolución de la demanda.
Pero el recorte de la inversión, aunque esté justificado empresa a empresa, genera un efecto perverso a nivel agregado, ya que resta potencial de crecimiento a una economía, como la española, ya de por sí muy tocada en estos momentos. La caída de actividad que genera no puede ser compensada por los planes que las Administraciones públicas están poniendo en marcha a costa de aumentar el gasto público. El esfuerzo por recuperar la economía debe repartirse entre todos los agentes económicos -públicos y privados- y es preciso que todos contribuyan en su parte alícuota. En este sentido, es de destacar el caso de empresas que han afrontado la crisis ampliando inversiones, como la fabricante de material ferroviario CAF o la siderúrgica de acero inoxidable Acerinox.
Al igual que se ha demandado desde estas mismas páginas un gran pacto político para hacer frente a la crisis, también se invita a que se incluya en él a las grandes empresas cuyo aporte a la economía española es indudable. El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero debe incitarlas a que contribuyan a este propósito, siempre sin poner en peligro sus cuentas de resultados. Y a cambio, el Ejecutivo debe aportar soluciones y confeccionar un escenario en el que las empresas puedan hacer efectivo ese compromiso sin incómodos lastres de partida.