La CE sopesa si debe exigir la publicación individualizada de los sueldos de los consejeros
El consejo que asesora a la CE en gobierno corporativo ha pedido que el Ejecutivo comunitario prepare una directiva que exija a las empresas cotizadas que publiquen los sueldos individualizados de sus consejeros.
La transparencia sigue siendo la receta con la que los expertos tratan de solucionar muchos de los problemas de gobierno corporativo. Y aunque la posibilidad de exigir que las empresas cotizadas publiquen la remuneración individualizada de sus consejeros y altos directivos se ha venido debatiendo a lo largo de los últimos años, los recientes escándalos financieros han vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que los accionistas de las empresas sepan a ciencia cierta cuánto cobran y por qué conceptos quienes se encargan de conducir el futuro de sus empresas.
El consejo asesor de la CE en materia de buen gobierno, el European Corporate Governance Forum, publicó ayer un documento en el que recomienda que la UE establezca por ley la información sobre remuneraciones de los ejecutivos que las empresas cotizadas deberán facilitar a sus accionistas.
La información debería detallar la estructura de la remuneración, así como los posibles beneficios ligados a una pensión. 'Sin esa información, el control de los accionistas sobre la remuneración de los ejecutivos es pura ilusión', señala el documento.
La transparencia de las remuneraciones se abordará, precisamente, en la próxima reunión del G-20, el 2 de abril. El Gobierno español, en su contribución para ese foro, defiende la obligación de la 'publicación individual' de los sueldos de 'ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras'.
Bruselas parece secundar esa iniciativa, aunque la CE se resiste a legislar en la materia. En su programa de reforma de los mercados financieros, hecho público este mismo mes como respuesta a la crisis, el organismo anunció que mantendrá el carácter voluntario de sus directrices sobre remuneración de ejecutivos. La CE se limitará a publicar, previsiblemente en abril, una nueva versión, algo más estricta, de su actual Recomendación. Y otra nueva, también voluntaria, para el sector financiero.
Pero los propios asesores de la CE creen que ese planteamiento voluntario ya no es suficiente. Entre los miembros del consejo asesor de la CE se encuentra el español José María Garrido, consejero del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, quien apunta que una de las más importantes novedades que contiene el documento es su cambio de orientación. 'Las mejores prácticas ya no solamente se refieren a la transparencia de las remuneraciones, sino también al proceso de fijación y al propio contenido de las remuneraciones'.
Este experto considera además que en España es 'ineludible' acometer una reforma del sistema 'porque en muchas sociedades hay serias sospechas de que el procedimiento de fijación de las retribuciones está controlado por los ejecutivos'.
Garrido asegura que en la propuesta del fórum también son novedosas las recomendaciones que se realizan en el documento, ya que se entra incluso en cómo ha de estructurarse la remuneración (proporción fijo/variable, bonus plurianuales, tipos de stock options, etcétera).
Sueldo sin límite, pero el cobro de bonos aplazado
El consejo de asesores de la CE en materia de buen gobierno descartó ayer legislar a nivel comunitario sobre 'la sustancia de la remuneración de los ejecutivos'. El foro consultivo cree que 'corresponde a las empresas y a los accionistas determinar la estructura y el nivel del salario apropiado para sus directivos'.Aun así, los asesores de la CE creen que las 'pasadas experiencias', eufemismo con el que probablemente se alude a los recientes escándalos en algunas entidades financieras en Reino Unido y EE UU, recomiendan algunas pautas para evitar mecanismos de remuneración excesiva o susceptibles de manipulación.Entre las medidas sugeridas para las empresas cotizadas, los expertos recomiendan que se limite el porcentaje de la parte de remuneración variable y que, en todo caso, se aplace de dos a cuatro años el cobro de una parte sustancial de las bonificaciones anuales de los ejecutivos para comprobar los efectos a medio plazo de su gestión. Una prórroga similar se aplicaría a las stock options.