COLUMNA

Reforma laboral

Según el estudio anual del Banco Mundial Doing Business, España es el país de la OCDE con peores condiciones para la contratación de los trabajadores y, por otra parte, España es el país de la OCDE con una tasa de paro mayor. Y probablemente ambas cuestiones están relacionadas. Pero no se puede identificar condiciones adversas en la contratación exclusivamente con dificultad y coste del despido. Hay otras cuestiones, como flexibilidad en la contratación, flexibilidad salarial (de la estructura salarial) y flexibilidad horaria que son tan importantes o más para el empleo y para la productividad (el gran reto nacional). De hecho, de los datos del mencionado estudio se deriva que España tiene la peor valoración entre los países de la OCDE en dificultad de contratación y en rigidez del empleo, está entre el tercer cuartil y el máximo en coste de despido, en el tercer cuartil de la OCDE en rigidez de horario y solamente en la mediana en dificultad de despido.

Y es bien sabido que la prevalencia de los convenios sectoriales y provinciales es ineficiente por varios motivos y aleja la determinación de la estructura retributiva de la realidad de las empresas. Esta es una de las causas de la rigidez salarial que se detecta en el caso español y crea dificultades para incentivar mejoras de la productividad.

Por otra parte, existe una cierta rigidez en la contratación que, entre otras cuestiones, penaliza la ocupación a tiempo parcial, dificulta la flexibilización de la gestión permitida por las nuevas TIC y juega en contra de la contratación del primer empleo. Y existe una importante rigidez horaria consagrada en los convenios.

Mientras que el coste de despido de un trabajador indefinido es relativamente alto, existe un número elevado de empleados con coste de ajuste bajo. Se puede esgrimir que el alto coste de despido de los indefinidos es una de las causas por las que existe una tasa de temporalidad tan alta, pero de hecho en media la dificultad del despido no es tan elevada, y de ahí el dato de Doing Business comentado más arriba.

Es bastante evidente que existe una opinión social favorable al mantenimiento de costes de despido altos. Desde la óptica de la eficiencia podría enjuiciarse negativamente la existencia de estos valores sociales, pero están ahí y hay otros muchos más gravosos para la dinámica de la economía española (como la escasa valoración de los empresarios emprendedores o la tolerancia con el incumplimiento) que sería más urgente cambiar.

Como hemos dicho, hay varios otros aspectos del funcionamiento del mercado laboral susceptibles de ser alterados y que tienen una resistencia social menor. Aunque una resistencia grande por parte de grupos de presión. Por ejemplo, la posibilidad de que las empresas se descuelguen de convenios de ámbito superior, que favorecería una adaptación de la estructura salarial a la realidad de las empresas, tiene la oposición de la cúpula de las patronales (que en cambio exigen con vehemencia una reducción de los costes de despido), además de la de las organizaciones sindicales. En ambos casos la oposición se explica por defensa de cuotas de poder. Por su parte, la resistencia de los sindicatos a flexibilizar formas de contratación no se corresponde con el interés de muchos empleados y muchos buscadores de empleo.

Otra cuestión que podría plantearse es la reforma de las prestaciones por desempleo. No para reducirlas, sino para ligar su percepción a actividades de búsqueda y de formación. Ya intentó algo el llamado decretazo de 2003, pero la prepotencia del Gobierno y el electoralismo de la oposición dieron al traste con un intento que necesitaba perfilarse y explicarse. En esta reforma hay un problema con la calidad de la administración del sistema de protección, muy inferior en España que en los países donde el sistema funciona bien. Esta deficiencia lastra, junto a una Hacienda Pública peor dotada, la opción de la flex-seguridad (flexibilizar enormemente el empleo a cambio de seguridad para los despedidos). Este sistema funciona en países con una mayor presión fiscal y con una alta calidad de la Administración (que gestiona bien la atención y formación de los parados).

Ya que hemos mencionado la calidad de la Administración pública, las graves deficiencias en ésta son una traba para la actividad empresarial y para el dinamismo de la economía (y para la creación de empleo) de magnitud similar o mayor que las imperfecciones de la regulación laboral. Yo me permitiría afirmar que el sistema productivo ganaría mucho más eficiencia mejorando las Administraciones públicas (incluida la justicia) que reduciendo los costes de despido.

Carlos Sebastián. Catedrático de análisis económico de la Universidad Complutense