Washington descontará de las ayudas públicas a AIG los bonos a los ejecutivos
Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha advertido esta madrugada (hora peninsular española) que American International Group (AIG), el gigante de los seguros que ha recibido ayudas públicas multimillonarias para evitar la quiebra, será obligado a pagar al Gobierno para compensar a los contribuyentes por los 165 millones de dólares (128 millones de euros) que destinó para bonificar a sus ejecutivos algunos meses antes que la firma fuese rescatada por el Estado.
La devolución de ese dinero, ha afirmado Geithner en una carta dirigida al Congreso, es una condición para que AIG reciba 30.000 millones de dólares (23.000 millones de euros) más de parte del Gobierno.
"Impondremos a AIG una cláusula contractual para que reconozca al Tesoro el monto que acaba de pagar a los ejecutivos", ha asegurado el secretario a los líderes del Congreso. Según esa misiva, Geithner hará efectivo el pago de la compensación mediante la deducción de los 165 millones de dólares de los fondos adicionales que el Tesoro prevé entregar a AIG. El anuncio del secretario llega en el momento en que el Congreso estadounidense estudia cómo impedir que los ejecutivos conserven estas bonificaciones y perciban otras sumas por el mismo concepto en el futuro. Algunas propuestas pretenden someterlas a una carga impositiva de hasta el 90% de su valor.
Pese a la contundente decisión de Geithner, el secretario del Tesoro ha sido muy criticado por los opositores republicanos y hasta por los mismos demócratas, que lo acusan de no haber tenido los suficientes reflejos para impedir la distribución de los sobresueldos. Fuentes de la Casa Blanca han asegurado, sin embargo, que el responsable del Tesoro estadounidense intentó detener el reparto de las bonificaciones. Ayer, Richard Shelby, senador republicano, se preguntaba dónde había estado Geithner cuando AIG entregaba las primas a los ejecutivos. El lunes, el presidente Barack Obama ordenó a Geithner explorar todas las vías para obtener una compensación de parte de la aseguradora.
La reacción del Congreso
La noticia sobre las retribuciones que cobraron los directivos de AIG (73 de ellos recibieron, de media, más de un millón de dólares, según Andrew Cuomo, fiscal general de Nueva York) produjo una reacción negativa inmediata en la sociedad estadounidense. El estupor ha llegado especialmente al Congreso de EE UU, que baraja también la posibilidad de aprobar una ley para endurecer el control estatal sobre compañías como AIG, consideradas esenciales para el sistema financiero y que, por su condición de aseguradoras, no están sometidas a la misma regulación que la banca.
Tampoco ha ayudado a calmar los ánimos la negativa de AIG a identificar a los ejecutivos que percibieron los sobresueldos, algunos de los cuales, de acuerdo con Cuomo, ya no forman parte de la empresa. El fiscal de Nueva York ha asegurado que obtendrá y difundirá los nombres de los directivos involucrados en la distribución de los 165 millones de dólares. "La única justificación que da AIG es que necesitaba retener a estos empleados, pero alrededor de 50 se marcharon de todas maneras", ha apuntado Cuomo en una entrevista reciente.
Desde que comenzó la crisis financiera, en el verano pasado, el Gobierno de EE UU transfirió fondos a AIG en tres oportunidades. El Estado tiene el 80% de las acciones de la compañía en virtud de una ayuda pública que ha llegado a los 170.000 millones de dólares (131.000 millones de euros). El de la aseguradora no es el primer escándalo vinculado a las primas, retribuciones extraordinarias, bonificaciones y sobresueldos que reciben los ejecutivos de entidades quebradas o al borde del colapso. Cuomo, el fiscal neoyorquino, investiga la legalidad de los pagos que percibieron los directivos del banco de inversión Merrill Lynch antes de que esta firma fuese adquirida de urgencia por el Bank of America. Cuomo sospecha que estos ejecutivos se repartieron alrededor de 2.800 millones de euros en primas mientras Merrill Lynch recibía el auxilio económico del Estado.