El sector eléctrico, en una nueva encrucijada
Las empresas eléctricas españolas están a punto de abandonar las aguas turbulentas por las que han transitado en los últimos años y se dirigen hacia remansos que permitirán una gestión sosegada del día a día y una supervisión del regulador más centrada en si cumplen las inversiones en distribución que garanticen la calidad del suministro, que en las batallas corporativas.
Tras el largo proceso de opas sobre Endesa, que se ha saldado con un 92% de su capital en manos de Enel, la estabilidad accionarial parece garantizada a largo plazo. Otro tanto ocurre con Fenosa, que será absorbida en breve por Gas Natural, cuyo 68% del capital está en manos de La Caixa y Repsol. Precisamente, la CNMV aprobará hoy el folleto de la opa que dará a la gasística el control de Unión Fenosa.
Descontada por mucho tiempo la estabilidad corporativa de las dos eléctricas más pequeñas, HC Energía y Viesgo, propiedad 100% de la portuguesa EDP y de la alemana Eon, respectivamente, tampoco sobre Iberdrola (ya la primera del sector por capacidad y la que tiene el capital más disperso) se atisban conflictos.
Pese a que la pérdida de valor de sus acciones harían posible una opa (ayer cerraron a 5,37 euros), las dificultades crediticias impiden, hoy por hoy, cualquier tipo de oferta. En este punto, la estabilidad en la compañía podría venir de la mano de un cierto entendimiento con su principal accionista, ACS, que podría ocupar en breve un puesto en el consejo de administración.
El pacto de no agresión sellado por el presidente de la constructora, Florentino Pérez, y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que se reunieron el viernes en Madrid, hará que la primera pueda acceder al órgano de Gobierno de Iberdrola, lo que le permitirá poner en equivalencia los resultados de Iberdrola en proporción a su participación, un 12,6%. Fuentes de la eléctrica niegan que exista un acuerdo cerrado y que la entrada de la constructora se vaya a producir en el corto plazo.
Al margen de otros precios a pagar que se hayan podido poner encima de la mesa, fuentes empresariales aseguran que Galán ha cedido ante la evidencia. Por un lado, no puede impedir la entrada en el consejo al principal accionista, pues pondría en entredicho el puesto dominical que ocupan otros dos accionistas con una menor participación que la propia ACS (la BBK y Bancaja) y, por otro, su resistencia acabaría en una batalla en los tribunales difícil de justificar.
Además, dada la difícil situación de los mercados financieros, Galán ha podido ver conjurado el peligro de una opa, como la que planeó sobre Iberdrola el año pasado de la mano de ACS y EDF.
En el caso de Endesa, su principal accionista Enel se juega en estos momentos una importante partida: configurar un equipo de gestión altamente profesional y pegado al terreno del negocio que permita recuperar el tiempo perdido, primero por las opa, y después, por las disensiones entre Acciona y Enel. De la profesionalidad del equipo (los cajones de Endesa rebosan de currículum de alto perfil político, algunos pergeñados en la Embajada italiana) dependerá un futuro marcado por una fuerte reducción de las inversiones, que hasta 2013 ascienden a 13.500 millones. Más de la mitad en España y, de ésta, también la mitad en algo tan inconcreto como el mantenimiento.
El accionista de Endesa, que en el futuro podría colocar una participación en el mercado de capitales, deberá matizar ante el regulador energético cómo va a garantizar la calidad del suministro en los próximos años, tras el peligro alertado por éste de que el accionista recortara las inversiones, disparara los dividendos y presionara para obtener un aumento de tarifas.
A estos miedos, se añade el que las empresas eléctricas (con la ayuda inestimable de una nueva compañera como Gas Natural, que necesita financiar la compra de Fenosa) refuercen a partir de ahora sus dotes de presión ante el Gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo debe abordar con urgencia el más grave de los problemas del sector: el déficit de tarifa. Para cauterizar una sangría que se traduce en una deuda de casi 13.000 millones de euros que los consumidores han contraído con las eléctricas por decisión del Gobierno (la desviación se produce cuando los ingresos de la tarifa no cubre los costes regulados) no servirán de nada los paños calientes.
Y a paños calientes suenan las soluciones que han ido avanzado, por un lado, Industria y, por otro, las empresas eléctricas. Esencialmente, éstas asumirán parte de la bonificación en la tarifa que tendrán algunos clientes a partir del mes de julio en función de su renta y su consumo y, a cambio, la deuda provocada por el déficit, que sigue sin titulizarse (unos 6.000 millones), recibirá el aval del Estado.
Pero ni una ni otra solución lograrán frenar el déficit, que sí suavizará la propia recesión ya que, a menores precios de la energía, menor agujero. Las voces más críticas han reclamado una reforma del mercado mayorista de la electricidad, para evitar que se trasladen a los precios costes inexistentes, o que las primas del régimen especial (4.000 millones de euros este año) sean financiadas a través de los Presupuestos.
Esta medida supondría cambiar déficit de tarifa por déficit público o hacer que sea el contribuyente el que pague estas primas en lugar del consumidor eléctrico. El Gobierno debe elegir pero no le resultará fácil en un momento en que el déficit público crece solo sin ayuda de nadie.
Otra reforma en marcha que el Gobierno debe tomarse muy en serio, dado el caos producido por el cambio de facturación de la luz, es la aplicación a partir de julio de la tarifa de último recurso (TUR), la única que sobrevivirá y afectará a los casi 25 millones de clientes. El Ejecutivo debería solucionar antes de ese mes la situación en la que quedarán las 300 pequeñas distribuidoras eléctricas que hay en España, que se quedarán sin su medio millón de clientes.
Por el camino parece haber quedado el extraño proyecto de fusionar la operación de los sistemas de REE y Enagás y abrir totalmente al capital privado sus redes de transporte.