Escarnio en AIG
Nada resulta más difícil de aceptar que el rescate de AIG (American International Group) y su último fiasco de los bonus. Está desembolsando unos 165 millones de dólares en pagos garantizados a empleados en la división financiera que hizo de la aseguradora una empresa pública. Por duro que pueda ser, el Gobierno de EE UU tiene que actuar rápidamente para evitar una tormenta de fuego populista que dañe sus intentos de enderezar el sistema financiero. Publicar los nombres de quienes reciben los bonus puede ayudar.
La indignación por la más reciente revelación de AIG es apropiada. Los bonus son para empleados en London and Wilton, una unidad de productos financieros con sede en Connecticut que tomó casi 500.000 millones de dólares en el mercado de CDS (credit default swap). La amargura de estas apuestas conduce a un goteo intravenoso de dinero de los contribuyentes -que ya ascienden a 170.000 millones de dólares-.
La Administración Obama ha intentado conseguir que AIG recorte los pagos y está ahora usando a su oficina pública para demonizarlos. Pero los contribuyentes pueden pedir más. La Casa Blanca podría dejar claro que no serán tolerados más bonus garantizados en las firmas que reciben ayuda pública. Pero podría también no sorprenderle ver a congresistas proponer legislación para recuperar o anular los pagos de AIG.
Aquí es donde Barack Obama y su Administración necesitarán trabajar duro para conseguir enviar el mensaje idóneo. Larry Summers, el jefe de asesores económicos del presidente, ha iniciado el proceso, apuntando que EE UU 'no puede sin más anular los contratos'. Hacerlo podría arriesgar mucho el progreso que se ha hecho en impedir una más profunda crisis económica y bancaria. El imperio de la ley es crítico para mantener a raya la incertidumbre -la ruina de los inversores y los mercados libres-.
Esto no significa, sin embargo, que el Gobierno no tenga cartas que jugar. Expresar la indignación es una de ellas. Pero la revelación podría ser más efectiva. Con el 80% de AIG, el Gobierno debe intentar forzar a la compañía a publicar los nombres de los receptores de bonus.
Mejor aún, darles una oportunidad. Los empleados de AIG Financial Products que renuncien a los bonus hasta cierto nivel no verán sus nombres en carteles luminosos. O quizá si decidieran contribuir con más del 50% de sus bonus para la beneficencia podrían ser apartados de la humillación pública. En cualquiera de los dos casos, un poco más de sinceridad puede ayudar a dominar el disgusto de los contribuyentes. Llegar a pensar en ello, éste es el lema que el Gobierno debe aplicar a toda la saga de AIG.
Por Rob Cox.