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Tribuna
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Alquilar una solución

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha dictado recientemente las resoluciones que, con toda probabilidad, tendrán el mayor impacto económico y estratégico a medio plazo sobre los modelos de negocio de los operadores de telecomunicaciones desde su creación en 1996: las relativas a los mercados 4 y 5 de la Recomendación de Mercados de la Comisión Europea y la resolución que regula las condiciones de acceso a edificios. æpermil;stas establecen el marco regulador para el acceso a las redes e infraestructuras de Telefónica, y la puesta a disposición para terceros operadores de un servicio mayorista que permita la replicabilidad de ofertas comerciales de Telefónica para velocidades hasta 30 Mbps.

En ambos casos, se trata de decisiones que pretenden promover e incentivar la competencia en infraestructuras. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la pregunta que se plantea es si puede haber una competencia entre plataformas en los mismos términos que en el mercado móvil. Y la respuesta es no, al menos entre plataformas en todo el territorio nacional.

Al acometer un proyecto de inversión, los operadores realizan en primer lugar una segmentación del mercado, definiendo las áreas geográficas y nichos de demanda con mayor atractivo y viabilidad. Esto lleva a la consideración en determinados ámbitos geográficos de una competencia entre plataformas donde tecnologías alternativas a las soluciones de fibra óptica (FTTx y HFC) como las redes inalámbricas (LTE) pueden tener importancia significativa.

Existe otra decisión que no se debe descuidar, como es la estructura de financiación, ya que ésta marca la rentabilidad mínima a obtener en la comercialización de servicios y aplicaciones sobre la nueva infraestructura. Es la conjunción de ambas decisiones la que lleva a los operadores a centrarse primero en aquellos ámbitos geográficos con mayor densidad de población y, por tanto, mayores economías de escala.

Lo descrito antes y la incertidumbre sobre el comportamiento de la demanda hacen que el concepto de riesgo y de competencia sostenible sean dos variables imprescindibles sobre las que debe bascular la agenda de los reguladores, prestando especial atención a aspectos como el modelo de costes; el proceso de migración de clientes hacia la nueva infraestructura; la verificación de la obligación de no discriminación; la revisión de la metodología de análisis de ofertas empaquetadas, permitiendo la replicabilidad; la especificación de una tasa de retorno de inversión razonable, y, por supuesto, el seguimiento de la regulación simétrica aplicable al acceso a edificios, donde la Comisión Asesora para el Despliegue de Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido tendrá mucho que decir.

En resumen, la situación económica actual y el efecto multiplicador que la inversión en banda ancha ejerce sobre la economía nos plantea una pregunta que debe ser respondida desde la perspectiva del regulador y de los operadores: ¿para qué comprar un problema cuando puedes alquilar una solución?

Antonio García Zaballos. Gerente de la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones de Deloitte

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