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Propuestas

Las constructoras reclaman un fondo de 10.000 millones para infraestructuras

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) reclama al Gobierno la creación de un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para inversión en infraestructuras, así como la puesta en marcha de mecanismos que garanticen los pagos por parte de las administraciones públicas.

æpermil;stas son las principales propuestas acordadas en el pleno de presidentes de las 23 empresas integradas en ANCI, que en 2008 facturaron más de 10.000 millones de euros y que cuentan con una plantilla superior a 30.000 empleados, según informa la asociación en un comunicado. En lo que respecta al fondo para infraestructuras, los constructores solicitan que las obras se hagan prioritariamente en aquellas zonas más afectadas por el desempleo y eligiendo proyectos que favorezcan la competitividad a largo plazo, como aquellos relacionados con la red de carreteras y la ferroviaria.

Por otra parte, ANCI manifiesta su preocupación por la creciente morosidad de las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, así como por la desconfianza de muchas entidades financieras, que ya no confirman los pagarés entregados a subcontratistas y proveedores por el temor a que la administración no pague en un plazo razonable.

Esta situación está estrangulando la tesorería de multitud de compañías que se ven abocadas a parar su actividad por no poder atender los pagos a sus proveedores e incluso por no poder hacer frente al abono de las nóminas. Esta asociación empresarial solicita, entre otras cosas, la firma de convenios con bancos y cajas para que éstas adelanten a los subcontratistas el pago de las obras, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora o que se permita que los pagarés emitidos por una entidad pública puedan ser canjeados por el pago de impuestos u otras deudas con la administración. Esto exigiría, en opinión de la patronal, la creación de un organismo único de compensación interterritorial.

Otra de las peticiones es que se supriman o reduzcan los importes de las garantías provisionales que están exigiendo las entidades.

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