La UE relaja su presión a las agencias de rating
España y Francia intentan impedir que Londres diluya el nuevo control de calidad sobre las calificaciones del crédito.
La crisis todavía no ha pasado, pero algunos países de la UE ya quieren frenar el ímpetu regulador desencadenado por el desplome financiero. Y las agencias de calificación del crédito, uno de los primeros objetivos del incipiente marco regulador, también parecen llamadas a librarse antes que nadie del control exhaustivo que se les quería imponer.
La presión sobre las agencias ha empezado a aflojar esta misma semana durante la negociación en Bruselas, a puerta cerrada, del nuevo Reglamento comunitario que las obligará a inscribirse en un registro y a cumplir ciertos criterios de calidad.
El proyecto legislativo, según fuentes comunitarias, ha perdido parte de su garra debido a que Reino Unido, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca han terciado a favor de un trato más benévolo hacia las agencias. Londres parece reaccionar a la defensiva después del temor expresado por la City a que Bruselas aproveche la crisis para extender sus tentáculos en los mercados financieros.
El texto surgido de la reunión celebrada el jueves, al que ha tenido acceso CincoDías, restringe en efecto el ámbito de aplicación del Reglamento, elimina cualquier referencia a la protección de los consumidores, amplía los periodos transitorios para que las agencias acaten las nuevas normas y acepta la utilización de valoraciones emitidas por agencias de terceros países.
La delegación española, según fuentes del Consejo de ministros de la UE, no ocultó su disgusto con el nuevo borrador y acabó absteniéndose en la votación. Pero no fue el único país reticente. Las fuentes consultadas indican que Italia, Grecia, Portugal, Francia y Malta secundaron la posición española en contra de relajar el futuro control de las agencias.
Se da la circunstancia de que varios de esos países, incluido España, han sufrido recientemente una rebaja de las calificaciones de su deuda pública por parte de las principales agencias.
Fuentes diplomáticas, sin embargo, atribuyen el rechazo del nuevo texto a que 'introduce un doble estándar en la actividad de las agencias'. El control de calidad comunitario sólo se aplicaría, según la versión actual del proyecto, a las calificaciones destinadas a ser utilizadas por bancos o empresas en cumplimiento de sus obligaciones reguladoras. Y quedan fuera de control las calificaciones emitidas con cualquier otro propósito. Esa división, según los partidarios de una vigilancia estricta, puede generar confusión entre los inversores, en particular, entre los menos especializados.
'España quiere que el ámbito de aplicación sea lo más amplio posible, para que no queden fuera la calificación de productos no regulados', confirmaron fuentes diplomáticas. Y expresaron su confianza en que el Parlamento Europeo, que debe dar su visto bueno al proyecto, recupere el rigor perdido durante el regateo en el Consejo de ministros.
Las negociaciones entre las dos instituciones comenzarán en los próximos días, porque Bruselas aspira a aprobar el Reglamento antes de que concluya la actual legislatura comunitaria el próximo mes de mayo. España y otros países temen que esa velocidad vaya en detrimento de la ambición del proyecto.
La entrada en vigor del Reglamento, en cualquier caso, no supondría su aplicación completa de manera inmediata, porque el artículo 36 ofrece a las agencias generosos plazos de adaptación. En concreto, dispondrán de 24 meses para cumplir las normas sobre utilización de ratings emitidos desde terceros países. Y empresas y bancos también podrán seguir utilizando esas valoraciones 'extracomunitarias' durante un año desde la entrada en vigor del Reglamento.
La versión definitiva de la nueva norma dependerá, en gran medida, de la actitud que adopte el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, impulsor del proyecto inicial. Su departamento se limitó a señalar el viernes que 'la tramitación avanza a buen ritmo'.
El comisario irlandés, impulsor sin embargo, destacó durante la presentación del texto en noviembre del año pasado que 'va más lejos que las normas aplicadas en otras jurisdicciones'. Y señaló que a propuesta respondía a la voluntad de Europa 'de liderar' las nuevas tendencias en la regulación de los mercados financieros que han surgido con la crisis.
La voluntad política, sin embargo, parece resquebrajarse cuando llega el momento de plasmar en textos legislativos el renovado control del sector financiero. Fuentes comunitarias advierten que el Gobierno británico incluso ha mostrado una clara frialdad hacia las recientes propuestas del grupo de alto nivel presidido por Jacques de Larrosière sobre supervisión financiera, a pesar de que el antiguo director del FMI apostó por el pragmatismo y descartó la creación de un supervisor europeo.
División creciente en el g-20
El conflicto en el seno de la Unión Europea sobre la regulación de las agencias de rating puede reproducirse a escala mucho mayor en la cumbre del G-20 en Londres el 2 de abril. Fuentes diplomáticas recuerdan que en ese foro 'conviven sensibilidades muy distintas a la europea' y que no todos los países son partidarios de una regulación estricta de los mercados financieras. Bruselas teme, en concreto, que EE UU se niegue a apoyar una drástica reforma del funcionamiento de los mercados.