Consejeros de Caja Madrid recurrirán los nuevos estatutos
El consejo de Caja Madrid aprobó ayer celebrar el 23 de marzo su asamblea extraordinaria para que se voten sus nuevos estatutos. La reunión fue corta, menos de media hora, pese a que 14 consejeros se ratificaron en su posición de que se remitan a la asamblea los estatutos 'por imperativo legal'. Varios de estos consejeros presentarán recursos contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.
La suerte parece que ya está echada. El próximo 23 de marzo la asamblea general extraordinaria de Caja Madrid someterá a votación la adaptación de los estatutos de la entidad a la nueva ley de cajas regional reformada por la Comunidad de Madrid 'sin consenso', explican varias fuentes de la institución de ahorro.
Para que salgan adelante estos estatutos se necesitan los votos de dos tercios de la asamblea, algo que parece muy difícil que la Comunidad de Madrid pueda lograr para sacar adelante su proyecto. Pese a ello, en la nueva ley se establece también que, de no alcanzarse este porcentaje, la Consejería de Economía puede imponer la adaptación de los estatutos de la caja a la nueva norma madrileña.
En el consejo de ayer las espadas siguieron en la misma posición que desde octubre del pasado año, mes en el que dio el pistoletazo de apertura para la renovación de la asamblea y consejo de la caja, y en la que se decide si Miguel Blesa se mantiene o no como presidente. 14 consejeros están en contra de estos cambios, y siete -representantes de la Comunidad de Madrid y del PSOE- defienden los nuevos estatutos.
Pero ayer el consejo fue tranquilo. Duró menos de media hora. Sólo cuatro consejeros tomaron la palabra: dos de ellos se quejaron de este proceso y normativa, y sólo uno, Estanislao-Rodríguez Ponga, defendió su legalidad. Blesa también habló, y se remitió a lo adoptado en el consejo del pasado 26 de febrero, algo que ratificaron los 13 consejeros disconformes con la norma de la Comunidad de Madrid.
Pero una vez convocada la asamblea extraordinaria para someter a votación los estatutos, con los cambios incluidos por la consejería que dirige Antonio Beteta, se abre jurídicamente el proceso para presentar los recursos pertinentes en contra de esta normativa.
Varios consejeros, entre ellos representantes de los impositores y de ayuntamientos como el de Madrid, presentarán en los próximos día sus recursos, como expresaron el 26 de febrero.
Una remisión 'por imperativo legal'
Los 14 consejeros contrarios a la nueva ley de cajas regional consideran que la remisión del texto de los estatutos a la asamblea de la entidad se ha adoptado 'sólo por imperativo legal'. Mantienen que es una reforma 'impuesta por la Comunidad de Madrid', además, de 'anticonstitucional e ilegal, innecesaria, no consensuada, con un carácter retroactivo ilegal y una grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores'. Aunque no lo expusieron nuevamente, sí se remitieron al consejo del 26 de febrero. Entonces dijeron que las modificaciones del gobierno regional son 'fruto de una ley que se ha aprobado sin el más mínimo consenso entre las fuerzas políticas y los representantes de impositores y empleados en un hecho sin precedentes en la historia de la caja', argumentos que se repetirán en la asamblea.