'Las pequeñas eléctricas no están dispuestas a perder sus clientes'

El presidente de la patronal de las pequeñas empresas eléctricas está dando la batalla para evitar que la norma que fija la tarifa de último recurso les 'expropie' sus clientes. Aunque mantendrán sus redes de distribución, los 200 socios de esta pequeña unesa no quieren ser expulsados de la comercialización.

El real decreto que regulará la tarifa de último recurso (TUR), que podría ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy para su entrada en vigor el 1 de julio, puede resultar toda una revolución. La norma, que califica el suministro a tarifa como una actividad liberalizada, sólo permitirá que ejerzan este tipo de actividad las cinco grandes distribuidoras de Unesa. ¿Y qué ocurrirá con las otras 300 pequeñas eléctricas que hay en España? Según el texto legal, estas compañías no podrán vender con tarifa a sus clientes, que deberán elegir a una de las grandes o, en el caso de que no opten, serían cedidos a la que corresponda a su zona.

El granadino Gerardo Cuerva es el presidente de CIDE, una asociación creada hace 50 años, que agrupa a 200 pequeñas eléctricas. Con medio millón de clientes en toda España, especialmente en zonas rurales, estas empresas distribuyen anualmente unos 2.500 kWh. El también presidente de los empresarios de Granada, pide que el Gobierno 'enseñe las reglas del juego' para que 'todos podamos jugar'.

Más allá de las cinco grandes eléctricas de Unesa hay varios cientos de pequeñas distribuidoras, algunas municipales, que son verdaderas desconocidas.

'Nos hemos olvidado de que el mapa eléctrico de nuestro país no son 5 grandes eléctricas, sino 300'

Las pequeñas hemos sido las grandes olvidadas, tanto de los Gobiernos socialistas como de los del Partido Popular. No se nos tiene en cuenta y nos han usado como coche escoba. En Cuzco sede del Ministerio de Industria se legisla para las que tienen el volumen y el poder: siempre hay una disposición transitoria que nos deja en el aire. Las 200 empresas de nuestra asociación dan empleo a unos 2.000 trabajadores, más que Hidrocantábrico y Viesgo.

La norma que establecerá la tarifa de último recurso a partir de julio ha puesto a las pequeñas en pie guerra, pues las deja sin clientes.

El real decreto que establece la TUR fue remitido por Industria al Consejo de Estado el 2 de enero y ni a Unesa ni a nosotros nos dio tiempo a presentar alegaciones. Sí hemos alegado en el consejo consultivo de la Comisión de la Energía, en el que las comunidades autónomas también manifestaron su oposición al real decreto, pues el artículo 2 nos excluye como suministradores de último recurso y nos deja sin nuestros clientes. La CNE advirtió en su informe que se trataba de una expropiación.

¿Por qué se les deja fuera?

Un argumento para excluirnos es que no tenemos capacidad técnica, cuando muchas de nuestras empresas son centenarias y han demostrado de sobra dicha capacidad. Y otra razón es que se trata de una actividad que podría tener pérdidas, pues habrá que aplicar un bono social a algunos clientes. Pero, que yo sepa, el dumping, o trabajo a pérdida, es algo que está prohibido.

Además, el real decreto admite, paradójicamente, descuentos en la tarifa.

Creemos que eso ha desaparecido del texto definitivo.

¿Qué reclaman sus empresas?

En CIDE no estamos dispuestos a perder la relación con nuestros clientes, pues es nuestra forma de vida, algunas empresas van por la tercera o cuarta generación. El real decreto dice que el cliente tiene derecho a elegir suministrador de último recurso y, si no ejerce esa opción, nosotros tenemos que cedérselo a nuestro distribuidor aguas arriba el que tenga la condición de suministrador de último recurso que es con el que nos hemos peleado toda la vida. Mientras tanto, nosotros sólo podremos cambiar los fusibles. Es un pulso del Gobierno que desincentivará la mejora de la calidad del suministro.

¿Qué medidas pueden tomar ante este callejón sin salida?

Lo que queremos hacer es poner en valor nuestra cartera de clientes, que se nos reconozca ese valor. El Gobierno debe decirnos cómo podemos jugar pues, hasta ahora, no conocemos las reglas de la TUR. Por ejemplo, si esta tarifa cubrirá el coste de la energía que compramos. No podemos quedarnos quietos y estamos dispuestos a adaptarnos, pues nosotros tenemos la gestión comercial.

A las pequeñas se les retribuye mediante un sistema especial, que regula la disposición transitoria 11 de la Ley Eléctrica, pero ahora deben pasar al sistema de liquidación.

Nuestro sistema retributivo es el de los ingresos por venta menos el precio de la compra y la tarifa que pagamos del distribuidor. Ese es nuestro margen de negocio. A partir del 1 de julio todas tenemos que ir al sistema de liquidación de las grandes, que cobran una tarifa previa acreditación de un coste.

Pero CIDE ha denunciado ante el Tribunal Supremo la orden de tarifas de enero que establece ese cambio. ¿Por qué?

Lo hemos denunciado porque para forzarnos a ir al sistema de liquidaciones, la orden nos penaliza con subidas en la tarifa del distribuidor de un 3% mensual a partir de abril y creemos que no se nos puede castigar así. ¿Es que acaso nosotros no estamos inscritos en el mismo registro que las grandes eléctricas, tengamos el número de clientes que tengamos?

Otra discriminación que ha denunciado CIDE es la mejora de la retribución de la distribución sólo para las grandes.

El Gobierno aprobó 500 millones de euros para la retribución de las empresas que estaban en el sistema de liquidaciones y cero euros para las que no estábamos. Nos parece muy bien que se mejore la retribución, pero a nosotros nos dejaron sin ese incentivo. Nos exigen estándares de calidad y obligaciones que van contra nuestra cuenta de resultados y un ejemplo es que desde que entró en vigor la Ley Eléctrica en 1997 se nos ha impuesto 160 obligaciones no retribuidas. Nos hemos olvidado de que el mapa eléctrico de nuestro país lo componen cientos de empresas.

'No llegamos a entender qué es el último recurso'

Las 200 pequeñas eléctricas integradas en CIDE (otro centenar están agrupadas en Aseme) recibieron hace unos meses por sorpresa la noticia de que el real decreto que regulará la tarifa de último recurso (la única que sobrevivirá y se aplicará a consumidores con menos de 10 kW de potencia) les dejaba sin poder suministrar a sus clientes de toda la vida, algo que sólo podrán hacer las cinco grandes del sector, y se tendrán que limitar a distribuir, cobrando a éstas un peaje por usar sus redes. 'No hemos llegado a entender qué es el último recurso', comenta Gerardo Cuerva, presidente de CIDE, que pide claridad en las reglas del juego. Porque, añade, 'si no es una tarifa regulada, ¿qué es entonces?'. Tampoco tiene sentido, en su opinión, 'es que el suministro de último recurso sea una actividad en riesgo'. Pese a lo que califica 'como expropiación', Cuerva no quiere que se les considere 'inmovilistas' y están dispuestos a adaptarse.Las pequeñas están a la espera de que la Comisión de la Energía apruebe los procedimientos de operación que regulen su relación, no siempre exenta de conflicto, con los grandes distribuidores que les suministran. 'Un 95% de nuestros cortes vienen de nuestros puntos de frontera', asegura. Otro problema en vías de solución es la imposibilidad de pagar a las empresas del régimen especial de su zona, debido a que un error en la estimaciones de 2008 y 2009, que no se han actualizado, les ha dejado sin dinero para ello.