La crisis en las Administraciones públicas
Se habla mucho de la crisis de la construcción, del sector financiero o del automóvil, pero existe un sector que les va a la zaga: las Administraciones públicas. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central han vivido un largo periodo con un gran flujo de ingresos provenientes del sector inmobiliario (impuestos, tasas, aprovechamientos), pero esto se ha acabado. La caída de la construcción, junto con la caída de la actividad económica general, deja los ingresos públicos muy mermados, de manera distinta en cada administración, pero con un notable impacto en todas ellas. Sólo las administraciones de las zonas donde no ha llegado el boom inmobiliario pueden librarse de la profunda crisis.
Ya se están observando los primeros efectos de la crisis de las administraciones: el crédito de bancos y cajas a las administraciones está subiendo (en 2008, el 36% en el Grupo Santander y el 82% en la Caixa). Las entidades financieras, abrumadas por el riesgo inmobiliario, para disminuir el riesgo prefieren prestar a las administraciones que a las pymes. Otro efecto es que las administraciones están retrasando los pagos, con lo cual, están creando problemas de liquidez a las empresas. Más allá de la demagogia, ésta es una de las causas de que el crédito suba un poco y las empresas y los particulares tengan problemas de crédito: una parte del dinero se va a las administraciones.
La primera tentación de los políticos será sustituir los ingresos perdidos por otros ingresos. Por ejemplo, mayores transferencias del Estado. Este camino -que en el caso de las autonomías está abierto y que debía ir para mejorar la financiación de los servicios básicos- se deberá destinar, en buena medida, a compensar la pérdida de ingresos por la crisis. La segunda forma de obtener dinero fresco es subir la presión fiscal -medida difícil de aplicar en tiempos de crisis- a las empresas (que tienen problemas) y a las familias (que deberán encajar la solidaridad básica de los que pierdan y no encuentren empleo). Algún político intentará subir los impuestos, pero en tiempos de crisis será una medida extremamente impopular e inoportuna.
Si no se puede arreglar la caída de ingresos con nuevos ingresos, no hay más remedio que gestionar lo que hay. Las administraciones cuya merma sea inferior a la deuda y la inversión son las mejor situadas: tienen un problema financiero que pueden afrontar reduciendo inversión y renegociando la deuda. El problema grave lo tienen las administraciones cuyos ingresos no cubren los gastos corrientes, porque a corto plazo se pueden endeudar para pagar los gastos, pero si no abordan un serio recorte de gastos crearán una bola de deuda que terminará hipotecando por años a dicha administración.
La mayoría de políticos aún se agarra a la esperanza de que la crisis amaine sola, o con unas cuantas decisiones de dudosa efectividad, pero es hora de tomar medidas y preparar a las administraciones para una larga temporada de pocos ingresos que coincidirá con una mayor demanda por parte de los ciudadanos de los servicios públicos (subsidios de paro, vivienda, servicios sociales, etcétera).
La situación económica de las administraciones, en el caso español, va a agravar la crisis. Una administración saneada puede dedicarse a las políticas de gasto público y de rebaja de impuestos que estimulen la demanda interna, pero unas administraciones en crisis estarán más preocupadas por llegar a fin de mes que por los problemas de la sociedad.
Es hora de actuar responsablemente para minimizar los daños de las administraciones públicas sobre la economía. Es preciso implementar planes de viabilidad para reequilibrar los presupuestos a medio y largo plazo, crear líneas de crédito especiales que impidan competir a las administraciones con las empresas, así como obligar y ayudar a las administraciones a pagar sus deudas con las empresas y, en su caso, intervenir las administraciones locales que se descontrolen económicamente.
Una vez controlada la liquidez del sistema financiero, la principal urgencia es la viabilidad del sector público para que éste sea un instrumento de estabilización. Y, sobre todo, decir la verdad a los ciudadanos, que es la base de la confianza.
Enric Colet. Profesor de Esade (URL)