Consumidores y sindicatos proponen una línea ICO para las familias más endeudadas
Alrededor de 2,7 millones de personas en España terminaron 2008 con deudas impagadas, un año en que la morosidad en los préstamos hipotecarios creció un 310%. Estos datos, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, han sido recogidos por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) que, junto a los sindicatos, remitió el martes un informe al Gobierno. En él proponen nueve medidas para asistir a las familias más endeudadas, entre las que destaca una nueva línea del ICO dirigida a ellas.
La propuesta en cuestión solicita, además, que las hipotecas se ajusten al tipo de interés oficial marcado por el Banco Central Europeo, en lugar de hacerlo por el euríbor, y que la actualización sea más rápida.
En el caso de impago de la vivienda, CCU propone que la Administración adquiera el domicilio y lo convierta en VPO, que se alquilaría al antiguo propietario con posibilidad de recompra futura. En esta línea de peticiones al Ministerio de Vivienda, solicitan también que se establezca una dinámica de colaboración entre el Estado y las empresas privadas para crear programas de alquiler que solucione los problemas de stock de las inmobiliarias. 'Nos ofrecemos a negociar estas propuestas con el Gobierno y los bancos', declaró ayer Francisca Sauquillo, presidenta de CCU, durante la presentación del informe. Gran parte de las opciones planteadas afectarían directamente a la banca, y Javier Jiménez, secretario de política sectorial de CC OO, reclamó su colaboración para que 'los recursos públicos lleguen a la gente que lo necesita'. El documento exige la inclusión de mecanismos de arbitraje y conciliación que permitan la reestructuración de la deuda e impidan el embargo en el caso de la vivienda habitual. El proyecto pasa por modificar la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa del inmueble, impedir que se llegue a la vía judicial y, en caso de imposibilidad de asumir la deuda, eximir al moroso del pago de comisiones en el plazo de amortización.
La iniciativa remarca la necesidad de asesorar a los colectivos más desprotegidos -como las familias de renta baja o los inmigrantes- para una mejor gestión de las situaciones de sobreendeudamiento. A su vez, Sauquillo planteó al Gobierno la necesidad de regular la transparencia bancaria y la publicidad financiera con el fin de 'evitar formatos agresivos y condiciones abusivas' en la concesión de créditos.
Finalmente, CCU recomendó el establecimiento de un modelo educativo que incluya formación financiera y potencie un modelo de consumo sostenible.