Concesionarias y Fomento negocian el pago de las expropiaciones de suelo
Las concesionarias de autopistas de peaje afrontan la crisis con un conflicto añadido: los pagos pendientes en concepto de expropiaciones de suelo. La deuda, que se eleva a 2.000 millones según la patronal, es 'inasumible' por el sector, que negocia con Fomento cómo abordar su desembolso.
El reciente boom inmobiliario disparó el precio del suelo, lo que no sólo encareció la vivienda, sino también los procesos expropiatorios que tuvieron que iniciarse para construir distintas infraestructuras. En el caso de las autopistas de peaje, el pliego de condiciones de los contratos establece que el coste de expropiación debe ser asumido por la empresa adjudicataria de la concesión. Sin embargo, los terrenos y los activos que se construyen sobre ellos (las autopistas) mantienen en todo momento la propiedad pública.
Por ello, las compañías que acuden a los concursos suelen reservar una cantidad de la inversión prevista para este concepto. Sin embargo, la gran mayoría de los expropiados rechaza el justiprecio inicial y acude a los tribunales. "Los jurados provinciales fallan entonces a favor de esos propietarios multiplicando el precio inicial hasta cotas altísimas, lo que hace que sea inasumible para las concesionarias hacer frente a ese desembolso", explica José Luis Feito, presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta) y próximo presidente de la patronal europea Asecap. Las compañías recuerdan que las sentencias establecen los nuevos precios que deben pagarse a los expropiados, pero no quién está obligado a desembolsarlos, por lo que negocian con Fomento una solución al conflicto. El principal argumento que están utilizando las concesionarias es que si la titularidad de los terrenos sigue siendo pública, deberán ser las administraciones quienes asuman también total o parcialmente los sobrecostes.
"El sector debería pagar ahora 2.000 millones por las autopistas construidas en los últimos diez años, cifra ligeramente inferior a la inversión puesta en marcha en ese periodo, lo que da idea de en qué situación quedarían las concesionarias si finalmente éstas tienen que desembolsar ese dinero", explica Feito.
Desde la patronal insisten en que muchas de las últimas autopistas abiertas al tráfico, como por ejemplo las radiales de Madrid, verían roto el equilibrio económico-financiero al que les obliga el contrato de la concesión y estarían abocadas a una situación de quiebra. "Si el sector tuviese que afrontar estos pagos, se pondría en juego su solvencia y se comprometería su capacidad futura de inversión, justo ahora que el escaso margen presupuestario va a exigir una mayor colaboración del capital privado", añade Feito. Valga como ejemplo un dato. En la ampliación del aeropuerto de Barajas, el coste de expropiación ascendió a 2.000 millones, casi un tercio de la inversión total (6.200). El presidente de Aseta, no obstante, elogia que el equipo que dirige Magdalena Álvarez esté dispuesto a consensuar una salida a esta situación. Fuentes de Fomento reconocieron la existencia de dichos contactos, en los que "siguen evaluando la búsqueda de una solución para este asunto". Es tal la preocupación que existe sobre el sobrecoste de las expropiaciones, que las constructoras reclamaron que la actual ley de suelo, que ya no dejamargenparaelevar lavaloración de los terrenos según lo que se vaya a construir en ellos, tuviera cierto carácter retroactivo. El Gobierno negó esa posibilidad.
Caída del tráfico del 5,12% en el último año
La patronal de las concesionarias de autopistas de peaje acaba de cerrar el balance de 2008. Las empresas obtuvieron unos ingresos de 1.997,8 millones de euros, lo que supone un aumento de apenas el 0,27% respecto a 2007. En cuanto a la evolución de los tráficos, la intensidad media diaria (IMD) de la red ascendió a 20.517 vehículos ligeros y 3.306 pesados, lo que dio como resultado una IMD total de 23.823 vehículos, un 5,12% menos que el año anterior. Aseta asegura que esta caída de los tráficos está en consonancia con lo que suele ocurrir en etapas de crisis económica y que lo que más le preocupa al sector es la escasa apuesta que ha realizado este Gobierno por las vías de peaje. A lo largo de 2007 sólo se abrieron al tráfico 256,50 km de nuevas vías de pago, como son los de la Autopista de la Costa Cálida entre Cartagena y Vera, la circunvalación de Alicante y la AP-7 entre El Campello y la autovía Camino de Castilla. En 2008 no entró en servicio ninguna otra vía, por lo que con esas últimas incorporaciones, la red de autopistas de peaje en explotación alcanzó en diciembre pasado los 3.334,5 kilómetros. La autopista El Alto de las Pedrizas- Málaga es la única infraestructura de peaje adjudicada por el presente Ejecutivo. Y por el momento, sólo resta que culmine tras seis años de retraso el proyecto de la R-1 en Madrid.