El Gobierno crea la nueva Oficina de Defensa del Consumidor de energía
El Consejo de Ministros aprobó hoy la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor de productos energéticos, que tendrá como objetivo velar por la protección de los derechos de los usuarios frente a las compañías suministradoras de energía y contribuir a que los ciudadanos cuenten con un servicio de calidad.
La nueva entidad comenzará a funcionar antes de julio y ha sido creada como instrumento de protección de los consumidores durante el periodo de transición hacia un modelo totalmente liberalizado, indica el Ministerio de Industria en un comunicado.
Las principales funciones de la oficina serán las de informar y atender al consumidor, resolver las controversias que pudieran surgir entre los operadores del sector de la energía y sus clientes, e informar al Gobierno sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios y, en su caso, proponer mejoras regulatorias.
La oficina, cuya creación aparece recogida en un Real Decreto Ley aprobado hoy, dependerá de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no supondrá un coste presupuestario adicional. Su creación se suma a la ya existente Oficina de Cambio de Suministrador.
El formato y contenidos de la nueva oficina están inspirados en la británica 'Energywatch', que desde hace tiempo representa los intereses de los consumidores británicos de gas y de electricidad y que ha logrado, según el Gobierno, notables resultados.
En marcha con la nueva tarifa de último recurso
La fecha fijada para la puesta en marcha de la nueva oficina coincide con la entrada en vigor de las tarifas eléctricas de último recurso (TUR), que sustituirán a las actuales tarifas integrales y supondrán la profundización en el proceso de liberalización.
Para Industria, la transición desde un modelo regulado a otro liberalizado hace necesaria la creación y puesta en marcha de un órgano público de información, atención y arbitraje que actúe con plena eficacia desde el comienzo del nuevo marco normativo.
Además, la oficina ahondará en la protección de los derechos de los usuarios en un momento de creciente demanda de mayor transparencia, claridad e información en la facturación por parte de los consumidores.