La empresa familiar pide que se multiplique por cinco la línea del ICO para circulante
El Instituto de Empresa Familiar (IEF), que reúne a 96 grandes empresas cuya facturación representa el 16% del PIB, presentó ayer un plan de choque para intentar mejorar la liquidez de las empresas y frenar el fuerte repunte del desempleo.
El plan, que tendría una duración de dos años, supondría un coste anual para las arcas públicas de 10.570 millones y según el presidente del IEF, Simón Pedro Barceló, reportaría un ahorro directo de 8.270 millones de euros para las empresas, sobre todo a pymes.
Entre las medidas propuestas destaca la ampliación de la línea de circulante del ICO, dotada en la actualidad con 10.000 millones de euros, y una rebaja sustancial de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social por sus trabajadores.
En el primer capítulo, el Instituto reclama que se multiplique por cinco la dotación del ICO hasta los 50.000 millones para aportar mayor liquidez a las empresas.
Según los cálculos de la organización, el coste de esta ampliación para el Estado sería de 2.000 millones de euros si se tiene en cuenta que los intereses de la deuda serían los mismos que se cobrarían a las empresas y que la tasa de morosidad no superaría en ningún caso el 4% del total.
La medida más costosa, que supondría la mitad de la factura para el Estado, sería la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social, con un coste cercano a los 5.800 millones de euros. El IEF también propone un recorte de diez puntos en el caso de los contratos de nueva creación. Siempre y cuando se generen cerca de 100.000 puestos de trabajo, el coste sería de 240 millones de euros. Barceló insistió en que el valor de estas propuestas se centra en su inmediatez, en vista de que el Gobierno no es consciente de las necesidades de las empresas. 'Están pensadas para tener efectos inmediato, frente a las del Ejecutivo, que tardarán en dar frutos entre seis y ocho meses', apuntó.
Las otras medidas se refieren a la creación de una ayuda individual de 2.000 euros para la compra de vehículos destinados a actividades económicas, con un coste de 200 millones, y de un fondo de 10.000 millones para las administraciones que no puedan pagar sus deudas.