Administración local

Economía sopesa utilizar el ICO para reducir el impago de los municipios

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró ayer que el Gobierno tomará medidas, que 'podrían' instrumentalizarse a través del ICO, para 'aliviar' la deuda que los ayuntamientos mantienen con las empresas y recortar el plazo de pago de las facturas. El retraso suele superar con creces los 60 días que se marca la Administración central como límite.

Los ayuntamientos pagan tarde y mal o, al menos, eso es lo que apuntan los empresarios y distintos estudios. En un momento como el actual -con falta de liquidez y restricciones al crédito-, ello resulta un problema grave para los proveedores del sector público. El Gobierno está estudiando diversas medidas para revertir esta situación.

Carlos Ocaña, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), apuntó que 'podría' instrumentalizar medidas a través del ICO para aligerar la deuda de los ayuntamientos con las empresas. Ocaña rechazó entrar en más detalles, aunque apuntó que el Gobierno 'trabaja rápido' y que las nuevas propuestas se conocerán 'en semanas, no meses'.

CEOE reclamó recientemente que el ICO cubra parte de la deuda que mantienen los ayuntamientos con las empresas. Por su parte, el director general técnico del ICO, Enrique Villarreal, manifestó ayer que la situación actual podría afrontarse mejor si España contara con una banca pública, aunque admitió que 'no es posible' constituirla en tres meses.

Un estudio de la consultora Intrum Justicia, realizado a principios de 2008, indicaba que el sector público paga a 144 días, mientras que las empresas abonan sus facturas en 89. Y los ayuntamientos en particular superan la media del conjunto del sector público. Estos plazos, probablemente hayan aumentado debido al acelerado deterioro de la economía en la segunda mitad de 2008. Aun así, Ocaña consideró exagerado el dato, apuntado por organizaciones empresariales, que los ayuntamientos adeudan 32.000 millones de euros al sector privado.

Por otro lado, Ocaña destacó que Hacienda ya ha aplazado deuda fiscal por 3.675 millones de euros que los contribuyentes reclamaron retrasar en 2008. Aún falta por dilucidar si se permite el aplazamiento de otros 2.166 millones que aún están en estudio por falta de información. En cualquier caso, las peticiones para aplazar la deuda con Hacienda ascendieron a 655.970 solicitudes y el importe sumó 9.580 millones, un 55,4% más que el año anterior.

Ocaña resaltó que Hacienda será 'aún más flexible' a la hora de conceder los aplazamientos. En 2008, se concedieron el 65% de las peticiones de moratoria fiscal.

A pesar de que los empresarios reclaman reducciones de impuestos, Ocaña considera que el Gobierno ya no tiene margen para ello.

Como ya es habitual, Ocaña rehusó dar detalles concretos de la negociación de la nueva financiación autonómica. Aun así, se mostró confiado en cerrar un acuerdo después de las elecciones gallegas, que se celebran el próximo primero de marzo.