Demasiado ruido para gestionar las cajas
Las cajas de ahorros afrontan un ejercicio difícil. Arrancan el año con un panorama económico muy deteriorado y una fuerte injerencia política en su gestión, que ha provocado que por primera vez en la historia, la patronal del sector, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), haya lanzado un mensaje institucional reclamando 'la independencia' de estas entidades y abogando por una 'reforma legal para preservar su autonomía'.
El jaleo político que se ha armado en Caja Madrid ha sido sólo la guinda de un fenómeno que tenía que estallar. Por ley, la representación de los poderes públicos en estas entidades está limitada al 50%, aunque la media del sector se sitúa en el 32,6%. En la caja madrileña alcanza el 41% después de que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, organismo que tutela la entidad, lo bajara desde el 43,75% anterior tras la nueva Ley de Cajas.
Este leve descenso, defendido por el equipo de Aguirre para justificar el cambio de la norma, no parece más que una excusa. Con la reforma se expulsa prácticamente a su contrincante político, Alberto Ruiz-Gallardón, de la gestión de la entidad. De los 56 consejeros generales que ostenta en la asamblea de la entidad, formada por 320, Gallardón pasa a tener sólo 24. Y, además, no puede proponer a su candidato Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, para un nuevo mandato.
Por esta razón, Aguirre solicita que la caja aplique la nueva ley a las elecciones que en este año renovarán a los representantes de los ayuntamientos, la Asamblea de Madrid y las entidades representativas. Caja Madrid, por su parte, considera que el proceso electoral se abrió el pasado 20 de octubre y tiene que regirse por la norma anterior. Demasiado ruido en un año crítico, en el que Blesa ha avanzado que la mora de Caja Madrid podrá llegar al 7,30% desde el 4,87% de 2008.
La intromisión política también ha afectado a las cajas castellanoleonesas. Allí los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, pactaron en noviembre un documento para propiciar la fusión 'virtual' de las seis cajas de la región -Caja Duero, Caja España, Caja Burgos, Caja Círculo, Caja Segovia y Caja Ávila- , que fue ratificado el pasado 3 de febrero en las Cortes de Castilla y León.
Las entidades se quejan de que apenas han podido intervenir en el documento, que ha sido elaborado por PP, PSOE, CC OO y la patronal Cecale, después de que UGT se haya desmarcado del mismo al considerar que no está suficientemente garantizado que el ente que aglutinará las diversas actividades de la cajas no va a convertirse en una sociedad anónima. Hoy la Federación de Cajas de Castilla y León se reúne para debatir el acuerdo y definir el día en el que los consejos de administración de las cajas deben reunirse para aprobarlo o denegar la unión.
Las fusiones parecen, pues, abrirse o cerrarse por antojo político. Xabier de Irala, presidente de BBK, se lamentaba días después de la frustrada integración con la Kutxa de haber 'perdido la oportunidad de crear una herramienta sin precedentes para hacer frente a la crisis'. En esta ocasión, la fusión se frenó por la votación en contra del PP, PSOE y la izquierda más radical.
Esto pone en evidencia que la reclamación del sector, solicitando que el peso político no supere el 25% de los principales órganos de gobierno, no está exenta de justificación. Así, como el hecho de que la tutela sea ejercida por el Banco de España y no por las comunidades autónomas, porque si bien sobre el papel las uniones interregionales de las cajas pueden realizarse, en la práctica resultan imposibles al necesitar el respaldo de los gobiernos regionales.
Pero las cajas se enfrentan, además, a otros retos: menores beneficios, contención de costes y fuertes repuntes de la morosidad. Aunque todavía no hay datos oficiales del resultado obtenido en 2008 por las 45 entidades que forman el sector -se darán a conocer el próximo 18 de febrero-, todo parece indicar que la caída del 10% en los beneficios en los nueve primeros meses podría repetirse al cierre del ejercicio. Lejos queda ya el incremento del 19,2%, hasta los 11.200 millones de 2007, aunque como ha advertido el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, 'del anterior ciclo tenemos que olvidarnos'.
La crisis inmobiliaria ha azotado de lleno a estas entidades. Las cajas han pasado de tener invertidos en este sector 743 millones a noviembre de 2007 a 1.607 millones en noviembre del pasado año (último dato disponible). A esto, hay que sumar los activos obtenidos por adjudicaciones que se han multiplicado por siete, desde los 227 millones a 1.535 millones en ese mismo periodo.
Las diferencias de gestión de estos activos han originado movimientos en la cúpula de las entidades, como en Caja Castilla La Mancha, donde ha dimitido su vicepresidente Jesús Bárcenas, o en Cajasur, con el despido del director general, Carlos Senent.