La liquidez y el margen fiscal
La crisis financiera ha endurecido los precios de la financiación para los proyectos empresariales en marcha y ha bloqueado la posibilidad de nuevos negocios ante las malas expectativas de futuro. Las grandes compañías han recurrido como nunca antes lo habían hecho a emitir bonos corporativos para captar recursos en un mercado adverso y han encontrado el apetito del inversor. Pero las empresas pequeñas no tienen más opción que la ventanilla de la banca, que ha elevado la exigencia para conceder crédito y ha dado portazo a los proyectos hoy inviables.
Un problema adicional, más prosaico que la puesta en marcha de un nuevo proyecto de inversión, es mantener el flujo de liquidez preciso para la actividad ordinaria de las compañías, el circulante, y que los bancos están reduciendo en muchos casos. Es en estos en los que las autoridades públicas deben poner especial celo para impedir que empresas viables puedan desaparecer y con ellas el empleo que mantienen.
Además de los programas de financiación difundidos por el ICO, la Administración tiene en su mano la espita fiscal. A través de Hacienda y la Seguridad Social dispone de mecanismos para aplazar los pagos de cotizaciones o impuestos y aliviar los flujos de liquidez de las empresas. En los últimos meses los impuestos aplazados por la Agencia Tributaria llegan a los 8.500 millones de euros, un 46% más que hace un año, y un total de 651.000 empresas han pedido demorar sus pagos. También la Seguridad Social está dispuesta a flexibilizar los pagos siempre que se trate de empresas con problemas puntuales de tesorería, pero viables.
Hacienda y Trabajo deben permitir la mora regulada siempre que exista riesgo de elusión fiscal, tal como ya sospecha la Administración a juzgar por su plan de control fiscal en Sociedades, donde aprecia más caída de pagos que de resultados. Pero deben vigilar que los aplazamientos no se aplican para mantener los márgenes en un entorno de crisis, sino para recomponer los flujos monetarios corrientes. Además, ha de tener comportamientos idénticos para todas las compañías, al menos para las del mismo sector, para evitar así que el respiradero fiscal sea un mecanismo de competencia desleal frente a aquellas empresas que han buscado el remedio con otras políticas de gestión.