El Gobierno de EE UU pide al Congreso que defina rápidamente el plan de estímulo económico
El director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Larry Summers, pidió hoy al Congreso que apruebe sin demora un programa de estímulo fiscal, al tiempo que su Gobierno ultima un plan para estabilizar el sistema bancario.
La administración del presidente Barack Obama quiere intervenir lo antes posible en la economía "real" con el programa de estímulo y en la "virtual" de la estructura financiera con su plan bancario, pues está presionado por unos datos económicos horribles.
El viernes se supo, por ejemplo, que en enero se perdieron casi 600.000 millones de empleos, lo que equivale a la fuerza laboral total del estado de Maine, según dijo Summers en una entrevista con el canal "Fox News".
Summers pasó hoy por varios platós de televisión para remachar el mensaje de urgencia de la administración.
En el Congresos los demócratas lo han oído. La Cámara Baja ha aprobado un plan de estímulo fiscal por casi 820.000 millones de dólares, aunque sin ningún apoyo republicano.
Mientras, está previsto que el Senado dé luz verde el martes a su propia versión del proyecto, por un total de 827.000 millones de dólares.
Así lo reconoció el senador republicano Jon Cornyn, que se opone al plan. "Preveo que el proyecto de ley será aprobado", dijo el legislador también en Fox News.
Los demócratas cuentan con suficientes votos gracias a que tres republicanos han prometido apoyarles después de que se aceptasen cambios en el proyecto de ley.
Esas modificaciones aparentemente garantizarán el sí en el pleno, pero en cambio han complicado el proceso de armonización de las dos versiones del proyecto de ley entre la Cámara Baja y el Senado.
El Senado ha recortado, por ejemplo, las partidas para educación y energías alternativas, una medida que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, ha calificado como "muy perjudicial".
Summers expresó cierta flexibilidad por parte del Gobierno de Obama sobre el contenido final del plan, al remarcar que "un 90 por ciento de los dos proyectos de ley es básicamente lo mismo" y que no todos los elementos incluidos en ellos "son de alta prioridad".
Uno de los puntos más peliagudos es el recorte de más de 40.000 millones de dólares en las transferencias a los estados, que pasan por una crisis presupuestaria.
En este área, Summers se mostró más rígido y manifestó que sin esa asistencia el país podría sumirse en "un ciclo vicioso de despidos, caída del valor de la vivienda, menor recaudación del impuesto sobre bienes raíces y más despidos".
En lugar de ese gasto, la versión del Senado contempla rebajas fiscales por 100.000 millones de dólares más que la de la Cámara Baja.
Pese a los cambios, la gran mayoría de los republicanos rechaza el plan, que ve como un plan de gasto público descontrolado. Además, Cornyn se quejó de que "no tenemos ninguna garantía de que funcionará" como programa de estímulo económico.
El segundo frente del Gobierno contra la crisis es atacar la inestabilidad que aún persiste en el sistema financiero y esa tarea le ha caído al secretario del Tesoro, Timothy Geithner.
El ex presidente del banco de la Reserva Federal en Nueva York ultima una reforma del fondo de rescate bancario aprobado por el Congreso el año pasado a insistencia del Gobierno de George W. Bush y en el cual quedan 350.000 millones de dólares.
El plan incluirá más de 50.000 millones de dólares para ayudar a propietarios de viviendas a evitar el embargo, así como incentivos para que inversores privados adquieran los títulos de mala calidad que lastran las cuentas de los bancos, según adelantó Summers.
"Podemos atraer una cantidad sustancial de capital privado. Es una opción mejor que el uso de recursos del Gobierno", explicó.
En principio estaba previsto que Geithner colocara sobre la mesa el programa el lunes, pero el anuncio podría aplazarse hasta el martes, según fuentes de la Casa Blanca.
Aparentemente la administración no quiere que el plan financiero distraiga la atención del proyecto de estímulo fiscal.